Carla cierra los ojos y trata de imaginar. No puede. Vuelve a intentarlo. Es imposible. Sólo quienes estuvieron ese 3 de noviembre de 1995 en la ciudad de Río Tercero, en el interior de la provincia de Córdoba, conocen esa angustia, ese temor y ese dolor. Accidente o atentado, el saldo es el mismo: 7 muertos, centenares de heridos y daños materiales por doquier. Pero lo que no da igual, lo que no cura de la misma manera que el cuerpo, son las secuelas psicológicas, las que requieren de una elaboración individual y colectiva, que favorecen u obstaculizan diversos y numerosos factores.
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Con la idea de realizar un seguimiento del impacto de las explosiones sucedidas en los polvorines de la Fábrica Militar de Río Tercero, Diana Scorza y Cecilia Agüero Gioda, psicólogas y docentes de las universidades Nacional y Católica de Córdoba, realizaron en 2001 un estudio epidemiológico que repitieron en 2011 sobre la población adulta víctima del desastre. La investigación fue financiada en ambas oportunidades por la UNC.
Las investigadoras analizaron el nivel de sintomatología mental, entendiéndola como malestar o sufrimiento psíquico que tiene diferentes manifestaciones (ansiedad, angustia, temores, entre los más frecuentes), y el sentimiento de vulnerabilidad -percepción consciente de un sujeto o comunidad expuesto a una amenaza-, existente entre los habitantes de Río Tercero, manifestado en este caso, a raíz de las explosiones, en cambios en la vida cotidiana; sueños; recuerdos recurrentes; miedo y preocupaciones en relación al riesgo tecnológico.
Porque, además de ser un hecho traumático por todas las situaciones particulares que se entretejieron alrededor de las explosiones (muertos, heridos, daños materiales, o la angustia de no conocer la suerte de un ser querido), el desastre de la Fábrica Militar de Río Tercero “puso de manifiesto un riesgo que existía previamente, pero que adquirió una relevancia que hasta ese momento fue desconocida o bien negada por la población”, explica a Argentina Investiga Scorza, a lo que Agüero Gioda agrega que esta actitud puede deberse a que “si bien las fábricas del polo petroquímico -Fabricaciones Militares, Petroquímica Río Tercero y Atanor SA- tienen un riesgo, también son las que, en pocos años, le dieron a Río Tercero un gran crecimiento”.
En terreno
Para realizar este seguimiento epidemiológico, tanto en 2001 como en 2011, las investigadoras seleccionaron personas que estuvieron el 3 de noviembre de 1995 en la ciudad de Río Tercero. Así, en 2001 se incluyeron en la muestra 107 varones y mujeres mayores de 18 años, mientras que en el estudio del año pasado lo hicieron con 143 personas mayores de 27 años, para garantizar la semejanza de las poblaciones en estudio.
Asimismo, realizaron una división analítica de la ciudad en tres zonas (cercana, media y lejana) en función de la distancia al polo petroquímico. En ambas investigaciones aplicaron dos instrumentos: Cuestionario Epidemiológico de Sintomatología Mental (CESIM) en su versión breve, y un bloque de ítems referidos a sentimiento de vulnerabilidad, riesgo tecnológico, distancia al evento de familiares cercanos, daños, personas afectivamente cercanas que sufrieron lesiones o muerte a causa de las explosiones, asistencia psicológica, participación en actividades de prevención, percepción subjetiva de la vivencia del desastre y otras variables psicosociales (como sexo, edad y nivel de escolaridad).
Malestar psíquico
En 2001, la ciudad de Río Tercero presentaba un 86,9% de la población con sintomatología mental. De ese porcentaje, el 47,7% presentaba un nivel medio de sintomatología, el 24,3% un nivel alto y el 15% muy alto. Sin embargo, para 2011 los niveles de sintomatología habían descendido, registrando un 38,5% en el nivel medio, 8,4% en el alto, y 16,8% en muy alto, resultado esperable ya que el tiempo transcurrido desde las explosiones favorecería la elaboración del hecho traumático, tal como lo indican diversas teorías.
No obstante, si se suman los porcentajes de niveles de sintomatología alta y muy alta, una cuarta parte de la población (25,2%) todavía padece altos niveles de sufrimiento o malestar psíquico, expresado -en su mayoría- en términos de ansiedad, angustia o temores.
Como no existen estudios previos sobre el nivel de sintomatología mental existente en Río Tercero antes de las explosiones, las investigadoras compararon esta población expuesta a un desastre, con una muestra de similares características de la ciudad de Córdoba no expuesta. Hallaron que los riotercerenses presentan un promedio mayor de sintomatología mental (28,1%) que los habitantes de la ciudad capital (24,7%). Esta diferencia “estadísticamente significativa”, según las investigadoras, podría explicarse por la exposición a las explosiones.
Para analizar la existencia, o no, de esta relación Scorza y Agüero Gioda estudiaron, como en 2001, otras variables en relación a ese 25,2% de la población con sintomatología mental alta y muy alta. Así, determinaron que más del 75% de esa cuarta parte de los habitantes había tenido familiares en la zona cercana al desastre el 3 de noviembre de 1995, y que más del 90% sufrió algún tipo de daño (materiales y personales). “En ese sector de la ciudad hay tres escuelas secundarias y cuatro primarias. El día de las explosiones, quienes no tenían chicos en las escuelas estaban ellos mismos trabajando en la zona porque es un polo industrial en el que se concentra mucha gente. Además de quienes estaban en sus hogares en los barrios próximos a la fábrica”, detalla Agüero Gioda.
La mayoría (el 75% de sintomatología alta y el 62,5% de muy alta) no había participado en actividades de prevención de manera previa o posterior al incidente de la fábrica. Para las investigadoras no es un dato menor, ya que el acceso a información que reduzca la incertidumbre sobre qué hacer ante situaciones como la que se presentó en 1995 o como las que pueden presentarse debido a la permanencia de industrias petroquímicas en la ciudad, es un factor que reduce las condiciones reales y objetivas de vulnerabilidad y la propia percepción subjetiva de estar expuesto a un riesgo.
Respecto de esto, Scorza puntualiza que “hasta 2011 sólo el 30% de la población había participado en algún programa o actividad de prevención. Pero, de esos 44 casos sólo seis personas -un 3%- realizan estas actividades en forma sistemática. Cuatro de ellas trabajaban en escuelas y dos en la central nuclear, a 33 km de Río Tercero”. Sin embargo, el 95,8% consideró necesario recibir algún tipo de prevención.
Percepción y vulnerabilidad
Respecto de la sensación de inseguridad o sentimiento de vulnerabilidad ante el riesgo tecnológico actual, las investigadoras no hallaron diferencias significativas entre los datos de 2001 y los de 2011. En ambos casos, los datos indicaron que la mayor parte de la población presentó niveles medios o altos de sentimiento de vulnerabilidad (68,3% en 2001 y 73,5% en 2011).
Para medir ese sentimiento de vulnerabilidad, las investigadoras consideraron cuatro variables de análisis: cambios en la vida cotidiana, sueños relacionados con las explosiones, recuerdos involuntarios y miedos o preocupación relacionados al polo petroquímico. Tanto en el primer estudio como en el segundo, el miedo y las preocupaciones respecto del riesgo tecnológico actual, es decir, al polo petroquímico, estuvo presente en más del 70% de la población (73,8% en 2001, 72% en 2011). No observaron modificaciones significativas en referencia a los cambios en la vida cotidiana y los sueños, pero sí un importante descenso entre quienes manifestaban tener recuerdos involuntarios (57,9% en 2001, 36,4% en 2011).
No obstante, el hecho de que un 40% de la población consultada refiriera que los cambios observados en su estado de ánimo y su conducta persistieran en la actualidad, a pesar del tiempo transcurrido desde las explosiones, es un llamado de atención.
El peso de un atentado
Por otra parte, entre 2001 y 2011 el desastre de Río Tercero dejó de ser pensado y conceptualizado como un accidente cuando comenzó a barajarse con más fuerza -en el marco de la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador- la hipótesis del atentado, como una manera de eliminar las pruebas del contrabando y se inició una causa judicial en este sentido.
Así, en 2011 las investigadoras decidieron incluir “preguntas referidas al grado de importancia que la población le otorga tanto al hecho de que pudiera ser un atentado, como que la causa se resuelva judicialmente. Porque, si bien no hay un fallo judicial en ese sentido, sí hay una causa iniciada con esa carátula”, señala Scorza.
El 83,9% de la población consideró “muy importante” la posibilidad de que pudiera haber sido un atentado, y una proporción similar (83,2%) subrayó la relevancia de que se resuelva el proceso judicial. Si se suman los casos que consideraron “importante” ambas cuestiones, ambos porcentajes se elevan por encima del 95%. Asimismo, un 31,4% identificó el hecho de que haya sido un atentado como un obstáculo para poder elaborar el trauma de las explosiones.
Un camino por hacer
Tanto en 2001 como en 2011, Scorza y Agüero Gioda observaron que cuanto mayor era el sentimiento de vulnerabilidad frente al riesgo tecnológico, mayor era la sintomatología mental. Este y otros resultados de la investigación, como el ínfimo número de personas que participa en forma periódica en actividades de prevención, y el hecho de que el porcentaje de personas con sentimiento de vulnerabilidad frente al riesgo tecnológico permaneció prácticamente inalterable en el período transcurrido entre ambos estudios, inducen a considerar que “el sentimiento de vulnerabilidad frente al riesgo tecnológico es una consecuencia a largo plazo de la vivencia del desastre, en el sentido de que aportaron una información desconocida o negada”, explican las investigadoras.
Asimismo, señalan que si bien la falta de información puede reducir el sentimiento de vulnerabilidad, aumenta las condiciones reales y objetivas de inseguridad, ya que en caso de ocurrir un evento similar, la población no sabría cómo actuar y se expondría a un riesgo mayor que si contara con la información adecuada.
En este sentido, ambas investigadoras son concluyentes: “El sentimiento de vulnerabilidad aumenta en la medida en que no se asocie la información que otorgaron las explosiones a la implementación de programas sistemáticos de prevención”.
Desde el comienzo
Diana Scorza y Cecilia Agüero Gioda entraron en contacto con la población de Río Tercero a pocos días de ocurridas las explosiones. Lo hicieron como profesionales integrantes del “Programa de asistencia en salud mental de la ciudad de Río Tercero” que organizó la Municipalidad y recibió asesoramiento del Servicio de Psicopatología y Salud mental del Hospital Nacional de Clínicas de la UBA.
Durante 10 meses atendieron más de 5.700 consultas, en las que notaron un marcado sentimiento de vulnerabilidad expresado en temores, angustia, tristeza, trastorno del sueño, dificultades en la concentración y agresividad.
Estudio en niños
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En 1997 las investigadoras estudiaron el “Sentimiento de vulnerabilidad en niños de escuelas primarias. Estudio comparativo entre una ciudad que ha vivido un desastre (Río Tercero) y otra que no lo ha vivido (Almafuerte)”. El trabajo, llevado a cabo con niños de 8 a 11 años de escuelas públicas, aportó datos sobre la existencia de consecuencias psicológicas en relación al sentimiento de vulnerabilidad asociado al riesgo tecnológico, convirtiéndose en indicador de la posible existencia de sintomatología mental, causada por la vivencia del desastre. Estos resultados las llevaron a indagar en las consecuencias psicológicas en adultos expuestos a las explosiones.
Habitantes consultados