Cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros, según un informe de la Organización Mundial de la Salud y en el país oscilan entre 335.000 y 500.000. Una de cada cinco mujeres muere en el proceso reproductivo a causa de esta práctica, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud. De todos modos, estos números muestran sólo una parte de la realidad dado que muchas de estas intervenciones se realizan dentro de un circuito clandestino y, por lo tanto, no llegan a la estadística.
En este contexto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, integrada por 500 profesionales de todo el país, considera que la problemática debe abordarse dentro del sistema de salud, pero uno de los mayores inconvenientes es la falta de capacitación de los médicos.
Con el objetivo de abrir un espacio de formación académica, integrantes de la Red presentaron una propuesta para dictar la asignatura electiva “El aborto como problema de salud” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que fue aprobada y comenzará en el segundo cuatrimestre.
“Todos los abortos son consecuencia de embarazos no deseados ya sea por una situación de violencia o por otras cuestiones relacionadas con los derechos sexuales”, afirma una de las docentes de la materia, Raquel Tizziani, quien considera que pueden evitarse si se brindan servicios de salud de calidad, información, educación y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y continuos.
Por otro lado, está la capacitación profesional del médico, del enfermero, del trabajador social, del psicólogo, de todas las personas que componen el sistema de salud y que deben garantizar el acceso a la interrupción legal. “La salud es un proceso complejo que también incluye la atención y si esta es deficitaria, restrictiva o está ausente, enferma”, explica la médica clínica y sexóloga.
“Ninguna mujer quiere pasar por un proceso de interrupción del embarazo, es doloroso, angustiante, un momento de mucha vulnerabilidad, en el que expone su cuerpo, su vida y muchas veces está sola”, dice Tizziani.
Marco legal
El Código Penal argentino establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no es punible si el embarazo proviene de una violación o si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Aquí la salud no es entendida como la ausencia de enfermedad sino como “el estado de bienestar biopsicosocial”.
Dado que se trata de un derecho constitucional, no es necesaria la intervención de la justicia ni la denuncia policial para realizar esta práctica, sino sólo una declaración jurada de la mujer, afirma la médica.
El protocolo nacional para el manejo de estas situaciones explicita que ninguna persona que trabaje dentro de una institución de salud puede obstaculizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal. Y si bien se contempla la objeción de conciencia a nivel personal, el profesional tiene la obligación de dar información. “Todas las personas que fueron procesadas y tuvieron condenas firmes en relación al aborto fue porque no garantizaron derechos”, expresa.
En el ejercicio de este derecho se ponen en juego numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación.
Materia única en el país
La asignatura está dividida en varios módulos. El primero es sobre el marco legal para que los profesionales de la salud “sepan dónde están parados, cómo los ampara el Estado, cuáles son sus garantías y también responsabilidades ya que tienen la obligación de ser garantes de derechos”, afirma la médica.
Otro se refiere al proceso de atención, cómo realizar la consulta médica, cómo escribir en la historia clínica, las causas, los distintos consentimientos informados y declaraciones juradas. El tercero es sobre técnicas y procedimientos farmacológicos y quirúrgicos de las interrupciones legales que se abordan desde lo académico.