Un equipo de investigadores aborda los problemas del sistema de transporte público de pasajeros en el área urbana del Gran Mendoza a partir de un análisis institucional de los organismos involucrados. “La oferta de transporte público es deficitaria en calidad, desorganizada, poco visible en los aspectos de señalización, y demanda tiempos de espera superiores a los que se dispone frente a los requerimientos de la sociedad moderna. Desde 1990, la provincia no cuenta con planificación del sistema de circulación del transporte público. La ciudad ha cambiado y las demandas crecientes no soportan un sistema diseñado hace 20 años”, detalla Mirta Marre, profesional a cargo de la investigación, entrevistada por InfoUniversidades.
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“El área urbana está conformada por la capital y cinco departamentos, que constituyen una población de más de un millón de habitantes. Esta conglomeración se ubica en el oasis norte de la provincia, con una estructura muy centralizada y gran concentración urbana”, señalan los investigadores. El sistema presenta una red focalizada sobre el centro de la ciudad capital y, al mismo tiempo, absorbe el tráfico inducido por la media y larga distancia, lo que ocasiona una concentración de desplazamientos en un espacio reducido. Los recorridos pasan en su mayoría por el centro y sus entradas se convierten en cuellos de botella.
Pero, a los problemas generados por el diseño inadecuado del sistema de trasporte se suman los que provoca la situación institucional y normativa, que “se caracteriza por la dispersión de normas y organismos y por la desarticulación y falta de coordinación entre entidades que tienen competencias en el tema. No falta legislación, sino que se encuentra dispersa y hay algunas normas que no se han llevado a la práctica”, explica la profesora Marre.
A través de un completo informe, la profesional destaca el rol del Estado: “El Estado tiene, como en todo servicio público, la gran competencia de actuar como regulador del sistema en su totalidad, para ello cuenta con varias normas legales que, en muchos casos, superponen pautas y en otros, dejan vacíos y áreas grises. El Estado no cumple con el ejercicio del poder de policía que le corresponde y tampoco ejerce la función de control y fiscalización sobre las empresas privadas que prestan el servicio”, añade.
Algunos de los problemas que presenta el sistema de transporte público en Mendoza son: degradación de la calidad urbana por la saturación de ómnibus en determinadas arterias y la concentración horaria; unidades en mal estado de conservación; congestión en el funcionamiento de la red vial (agravada por el excesivo uso del automóvil particular); índices de contaminación superiores a lo permitido por la legislación vigente y niveles elevados de ruido urbano. “Hay, además, un problema económico serio ya que las empresas dicen que el servicio les ocasiona déficits y reciben importantes subsidios del Estado provincial y de la Nación, a pesar de lo cual los usuarios siguen recibiendo un servicio de baja calidad”, aclara Marre.
Otro aspecto de gran importancia radica en la imperiosa necesidad de recuperar la calidad del aire en los centros urbanos y con ello la salud de los habitantes. Según Mirta Marre, la provincia cuenta con recursos legales y de gestión para establecer una política pública que contemple el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, es evidente la falta de recursos humanos especializados para encarar este tema. Los científicos consultados resaltan, además, el papel que cumplen los usuarios, quienes deben ser convocados a participar para escuchar sus demandas, a través de organizaciones sociales, barriales y comunitarias que puedan llevar la voz ante los responsables de la planificación.
Teniendo en cuenta todos los aspectos detallados, Marre considera que “un proyecto estratégico de desarrollo urbano deberá tener en cuenta aspectos que tienen que ver con la localización y relocalización de actividades, usos del suelo urbano, tipos de construcciones, diseño y mejoramiento de una red vial que permita sostener la cantidad de vehículos en circulación, mejora de los servicios y atención de las nuevas demandas de la población, reeducación de los usuarios para orientarlos al uso del transporte público, saneamiento urbano y mantenimiento del arbolado”.
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“Se espera obtener del proyecto algunas sugerencias de política pública y de gestión para sistematizarlas y ofrecerlas a los funcionarios responsables, además de identificar y definir pautas y criterios para la política pública de largo y mediano plazo”, detalla la profesional consultada. “Ha llegado el momento de pensar y diseñar la ciudad que queremos, única forma de corregir fallas estructurales que datan de mucho tiempo”, concluye Marre.