El proyecto se lleva a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE e integra un proyecto más amplio llamado “Los tributos como instrumentos económicos de protección ambiental”.
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“El impuesto al dióxido de carbono es un instrumento económico usado por muchos países de manera efectiva, pero en Argentina no existe ni ley ni programa oficial en ese sentido, a pesar de ser el dióxido de carbono la principal fuente contaminante” señaló a Argentina Investiga la profesora Dora Ayala, directora del proyecto, realizado por la estudiante becaria Anabella Espósito. Indicó que este tipo de tributo no tiene un fin recaudatorio en sí, sino que busca desalentar las energías contaminantes a la par que incentivar el uso de las energías renovables.
El impuesto sobre el carbono es un impuesto medioambiental sobre la emisión de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, que pretende limitar su uso. Desalienta las emisiones de contaminantes y se conmina a pagar a los contaminadores en proporción a sus emisiones. El impacto del impuesto sobre los productos finales aumenta sus precios en proporción a las emisiones que ha provocado su producción.
La autora del proyecto, Anabella Espósito, comentó que la investigación surgió de observar la notoria relevancia que en Argentina tienen las emisiones de dióxido dentro de las distintas fuentes contaminantes, y cómo el impuesto al dióxido se implanta en muchos países o al menos se genera un debate al respecto. Por tanto, “el objetivo del estudio es analizar la viabilidad de este impuesto en la legislación argentina y su comparación con otras legislaciones del ámbito internacional”.
Explicó que a nivel mundial, en relación al impuesto al dióxido de carbono, existen tres grupos de países: aquellos que adoptan la aplicación de impuestos verdes al dióxido de carbono como Finlandia; aquellos países que fueron más lejos y adoptaron reformas fiscales aplicando no sólo el impuesto al dióxido de carbono sino a otros gases o fuentes contaminantes. Y por último, el grupo de países en el que existe debate sobre la conveniencia de aplicar un impuesto sobre el dióxido de carbono.
Espósito indicó que el estudio que llevan a cabo en busca de analizar la viabilidad de este impuesto no sólo se enmarca en la legislación de Argentina, sino además del Mercosur. Agregó que dentro de la legislación argentina existen fundamentos en los cuales encuadrar la figura del impuesto al dióxido de carbono. Nuestro país no está adherido al protocolo internacional de Kioto, pero sí se comprometió a no aumentar sus emisiones contaminantes.
Respecto de cómo sería la aplicación de este impuesto, la profesora Ayala explicó que existe una base imponible determinada por el nivel de emisión, y especialmente se enfoca en la actividad de las industrias o grandes contaminantes. “La forma específica de aplicación es algo complementario y lo importante es la disposición de un marco legal que habilite el impuesto sobre el dióxido como forma de controlar la principal fuente contaminante. El impuesto al dióxido es de regulación nacional por ser el ambiente una potestad de regulación del Estado Nacional”, señaló.
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Ayala expresó que a nivel internacional, los países que aplican este impuesto lo hacen acompañado de una fuerte acción de concientización y educación, pues su cumplimiento demanda mucho del compromiso ciudadano en valorar el ambiente. Las perspectivas del proyecto se basan en avanzar en bosquejos de legislación, pero en especial se pretende participar activamente en educación ambiental, a partir de la promoción de los tributos ambientales y, en particular, el impuesto al dióxido como una alternativa para erradicar los altos niveles de contaminación.