Con el objetivo de construir estrategias adecuadas para la prevención y asistencia de casos de abuso sexual infantil, la Institución contará con un nuevo espacio académico, la carrera de especialización “Intervenciones con infancias y adolescencias en riesgo”.
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Una de las mentoras del proyecto, la psicoanalista Bettina Calvi, explica que el abuso sexual infantil es un delito que atraviesa a toda la sociedad, que cuesta mucho visibilizar y que se logre la condena de los abusadores. “Es muy difícil de probar porque transcurre en la intimidad y se necesitan indicadores físicos, psicológicos y el relato del niño, que es una prueba contundente”, afirma.
Pero aclara que a veces el chico no puede relatar, por la edad, porque está muy traumatizado o porque sufre alguna discapacidad y si no hay un especialista que lo evalúe, muchos casos son desestimados por falta de pruebas. También ocurre que varias denuncias luego son retractadas, lo que en numerosas oportunidades constituye un indicador más del abuso.
Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 53% de los casos de abuso sexual infantil sucede en el hogar de la víctima, el 47% de las víctimas tiene entre 6 y 12 años y en el 75% de los casos, el agresor es un familiar.
“El concepto es muy amplio; por ejemplo, un niño que es obligado a presenciar relaciones sexuales de adultos o a ver pornografía está sufriendo un abuso que genera un trauma”, afirma Calvi, y agrega que las marcas singulares tendrán que ver con la historia de ese niño, el entorno, la respuesta del mismo para sostenerlo y si la situación es denunciada. “Hay una gran diferencia si el caso es denunciado o no y eso lo vemos en el tratamiento de adultos que fueron abusados de niños”, enfatiza.
La especialista sostiene que si no hay denuncia no se puede proteger a la víctima, es decir, separarla del abusador, y reconoce que en la actualidad hay más conciencia acerca de la importancia de visibilizar estos hechos, aunque “queda mucho por hacer”.
La autora del libro “Abuso sexual en la infancia” afirma que los mitos fueron cayendo a medida que se hicieron públicos ciertos casos, por ejemplo, que ocurre en todas las clases sociales y no existe un perfil del abusador. Asimismo, existen muy pocos casos de agresores extraños y prácticamente no hay mujeres. También se da de niños más grandes a más pequeños, generalmente, cuando el abusador sufrió alguna experiencia de forma pasiva.
Prejuicios y estereotipos
“En el imaginario social, encontramos importantes núcleos de resistencia frente a la visibilización de la problemática, representados por ciertos enunciados que, sustentados en prejuicios y estereotipos ideológicos, acusan a la víctima de precipitar la acción del agresor, provocando una revictimización en niñas, niños y adolescentes”, afirma la investigadora, y agrega: “Es de suma importancia construir modalidades de relación que no reproduzcan los violentos estereotipos patriarcales dominantes”.
Calvi destaca que el trabajo con las víctimas debe sostener una mirada que no psicopatologice, sustentada en una concepción de la salud mental construida desde el campo social donde se produce. “Toda perspectiva que intente encapsular una problemática social sólo dentro de los parámetros de la clínica individual cae en un reduccionismo”.
En este sentido, la asistencia y prevención de las violencias representa un campo de trabajo en el que los profesionales deben intervenir desde un análisis amplio y con la caja de herramientas necesaria. De allí la importancia de la capacitación y de un ejercicio interdisciplinario permanente.
La nueva carrera de la Facultad de Psicología abordará la problemática de las violencias y del maltrato infanto juvenil, con el fin de internalizar un paradigma que no estigmatice a los sujetos padecientes, que desactive los prejuicios de género sobre las prácticas y que aporte recursos simbólicos a todos los actores.
“Riesgo” se deberá entender de manera amplia, en relación a estas problemáticas, comprendiendo la forma individual, social e institucional en que afectan a los niños, niñas y adolescentes, dejando marcas traumáticas, vulnerando derechos; así como también a los adultos protectores y los profesionales que se involucran”, explica la docente y amplía: “La conceptualización de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de los mismos derechos que los adultos pero con un plus por tratarse de personas en desarrollo, implicó varias redefiniciones de roles y funciones”.
Para el desarrollo de esta propuesta fueron determinantes los antecedentes en el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Específicamente, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 2005, a través de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Nueva Ley de Salud Mental Nº 26.657.
El reconocimiento de la subjetividad jurídica de las niñas, niños y adolescentes por parte de la comunidad internacional a partir de la redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño, “constituyó una bisagra en la manera de concebir los derechos de las personas menores de edad, sustituyéndose la doctrina de la ‘situación irregular’ por la doctrina de la ‘protección integral’, contextualiza Calvi. “La necesidad de repensar las instituciones y las prácticas de los profesionales que se ocupan de las infancias y las adolescencias, a la luz de los nuevos paradigmas, resulta indispensable”, sostiene.
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La psicoanalista explica que el pasaje de la concepción de los ‘menores’ como objeto de tutela y protección segregativa, a la consideración de niños/as y jóvenes como sujetos plenos de derechos, tiene a la autonomía progresiva como uno de sus postulados básicos. “Esta reconfiguración pone en cuestión conceptualizaciones acerca del desarrollo, la autonomía, la capacidad, el saber y el deseo”.