El Servicio de Conservación y Ordenamiento de Tierras (SeCyOT) de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto elaboró un informe sobre la situación planteada en la región centro, oeste y sur de la provincia de Córdoba a raíz de los graves incendios que se produjeron en el presente año, e incluyó en el documento propuestas de intervención y reflexiones políticas e institucionales de cara al futuro.
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En la provincia de Córdoba, según el informe elaborado por los investigadores, “es particularmente importante reflexionar sobre las acciones realizadas, ya que la magnitud y extensión de los daños que ocasionaron los incendios de 2013 son muy significativas en extensión e intensidad, y con consecuencias negativas en lo social, ambiental, productivo y económico”.
A diferencia de los incendios de 2011, en 2013 -sumado a las áreas de bosque nativo, arbustal y pastizales naturales- se quemaron áreas de cultivos forestales, con implicancias de corto y largo plazo en las comunidades rurales y urbanas.
Según señalaron los docentes responsables a Argentina Investiga, este informe tiene como objetivo “precisar las áreas afectadas por los incendios de septiembre de 2013 en el centro, oeste y sur de la provincia de Córdoba, la naturaleza de los efectos indeseados causados por los incendios, que faciliten la gestión de la remediación y para ordenar las actuaciones futuras considerando las gestiones de recursos provinciales y nacionales, enfatizando algunos problemas identificados en las comunidades rurales y urbanas afectadas”.
Asimismo, se presentan en él las propuestas de actuaciones, considerando tres niveles: actuaciones de recuperación de la capacidad productiva, de reducción de la vulnerabilidad de la población a posibles eventos futuros y de ordenamiento de las actividades en el territorio. También se proponen algunas reflexiones iniciales para la acción futura de la dirigencia política institucional, de la educación, de la ciencia y de la tecnología y de la extensión universitaria.
En el trabajo se destaca que la gestión del fuego y sus efectos requiere de una actuación político institucional continua, integral e integrada a las comunidades en el territorio. Una actuación continua, se refiere a la gestión pública y privada y a que las acciones deben ser permanentes para controlar los incendios y evitar su propagación posterior, recuperar las capacidades de la comunidad en el territorio y actuar de manera permanente sobre las causas que ocasionaron los incendios de forma de reducir el riesgo de daños futuros.
Inversiones
Para los integrantes del SeCyOT, las inversiones “son muy importantes para preparar a la comunidad rural y urbana en la lucha contra los incendios y fortalecer el aparato político institucional para inducir los cambios de comportamiento. Montar o ampliar un servicio de extensión para concientizar a la población y ayudar a modificar las prácticas de manejo productivo, incorporando nuevos conocimientos que permitan reducir al mínimo las posibles intervenciones de ‘fuego prescripto’ y reducir la vulnerabilidad a los incendios”.
Particularmente, las producciones de cultivos anuales de verano que dominan el ecosistema agrario son muy vulnerables a los incendios y su propagación. Por ello, los productores y sus operadores en el medio rural deben conocer las acciones y equipamientos básicos para reducir la vulnerabilidad y poder actuar en forma inmediata ante la presencia de fuego o una amenaza.
De la misma manera, el nivel público responsable de los caminos y las rutas, principalmente con orientación NE-SO, debe eliminar la cantidad de material combustible en las banquinas, para reducir la propagación del incendio. La información precisa también deben manejarla los productores ganaderos que utilizan pastizales naturales y el bosque nativo, para mejorar sus prácticas productivas y prescindir o reducir al mínimo la necesidad de “fuegos prescriptos”.
Alerta temprana
Se considera en el informe que, además de torres de observación, personal de vigilancia, instrumental de observación y comunicación y cuarteles de bomberos con equipamiento moderno, “es necesario tener a disposición información cartográfica de caminos, cuencas hidrográficas, reservorios de agua, tipo de cobertura del suelo con material combustible acumulado, y acceso en tiempo real a información climática y de calentamiento del suelo provistas por sensores remotos”.
Asimismo, destaca el documento que los gobiernos locales “necesitan actuar en forma coordinada para definir un modelo territorial que permita compatibilizar apropiadamente las actividades que sus pobladores realizan en la actualidad, mitigar los posibles efectos de aquellas actividades que causan externalidades negativas en la sociedad, o por su naturaleza no son compatibles con el modelo territorial planeado, crear condiciones para generar nuevas actividades compatibles con la visión o modelo territorial propuesto y limitar aquellas actividades que son totalmente incompatibles con la visión de futuro”.
Para ello, sugiere “usar los procedimientos participativos para generar modelos de desarrollo del territorio con una visión de largo plazo, que contemple estrategias para: establecer el procedimiento para los niveles de evaluación, seguimiento y renovación del plan y su visión; conformar los órganos de decisión, que permitan decidir sobre las acciones a desarrollar en el territorio; establecer los mecanismos técnicos para conformar equipos de trabajo interinstitucionales e interdisciplinarios, aprovechando las capacidades instaladas en la región y gestionar ante la Provincia y la Nación capacidades que permitan sistematizar información y elaborar las propuestas posibles de desarrollo; ponderar las alternativas y diferentes dimensiones del desarrollo: productiva, económica, ecológica, social y político-institucional para seleccionar la imagen más apropiada; analizar y establecer las estrategias de promoción, fiscalización control e implementación del plan de ordenamiento territorial, fortalecer las instituciones locales y crear las necesarias para llevar adelante el plan”.
Ordenamiento territorial
Por otra parte, según el informe, el ordenamiento territorial debe considerar: la infraestructura para mejorar la conectividad, facilitar la localización y hábitat urbano en los espacios destinados para tal finalidad, como así también reducir la vulnerabilidad a los desastres naturales y, particularmente, a los incendios e inundaciones; las zonas de amortiguación que permitan realizar actividades rurales, urbanas, industriales, generación de energía, sin interferencias negativas de una con otra y con el mínimo riesgo ante un desastre natural; las áreas de protección y conservación de las cuencas hídricas, considerando la biota y el recurso agua especialmente; la protección, conservación y aprovechamiento de ecosistemas naturales con especies vegetales de alto valor y muy usadas; a los bosques implantados o plantaciones forestales, si se decide su producción, deben localizarse en sitios apropiados y con la implementación de prácticas de silvicultura mejoradas para optimizar su producción y reducir el riesgo de incendios; los campos con pastizales naturales y bosque nativo y a los productores que realizan actividades ganaderas para que adopten prácticas que permitan mejorar la producción y reducir la vulnerabilidad a los incendios; y el ecosistema agrario, para que los productores adopten prácticas agronómicas apropiadas que reduzcan la erosión del suelo, los riesgos de contaminación con agroquímicos, la vulnerabilidad a los desastres, particularmente los incendios”.
Educación superior
El informe destaca que la educación superior también tiene un desafío importante avizorando un futuro de alta complejidad. Señala que “se necesitan profesionales capaces de asistir a gestiones públicas con visión más comprensiva que las dadas en la actualidad en las carreras de grado”. Y expresa que “es hora de pensar cómo se integran y crean asignaturas horizontales, donde el principal valor es precisamente integrar conocimientos disciplinarios y de diferentes profesiones”.
También remarca la importancia de “dinamizar las estructuras curriculares de grado para que aquellos estudiantes interesados en estos problemas de alta complejidad tengan un espacio interdisciplinar y profesional en la propia formación de grado para abordarlos y poder sistematizar el estado del arte para resolverlos”.
Además, indica que se puede pensar e iniciar la conformación de grupos de trabajo, departamentos, centros o institutos de doble vinculación (UUNN – CONICET) para agregar valor al conocimiento e información existente y ponerla más próxima y accesible a los tomadores de decisiones complejas, como la gestión de un gobierno o de una institución pública. De igual manera, propone crear equipos con alta capacidad de repuesta a problemas que van más allá de las urgencias, capaces de sistematizar el conocimiento existente, las experiencias de los individuos, aprovechando lo mejor de cada talento en la sociedad y ponerlo en la toma de decisiones a las diferentes escalas.
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El equipo de trabajo que presentó este documento estuvo integrado por los profesores Américo Degioanni, César Núñez, Jorge de Prada, José Cisneros, Miguel Reynero, Omar Plevich, Víctor Becerra, Juan José Cantero, Horacio Gil, Diego Tello, Cecilia Pereyra y Alberto Cantero, con la colaboración de Leonardo Aguirre (informática), Rogelio Ferrario (Bomberos de Río Cuarto) y Mario Lamfri (Consultoría en Aplicaciones Espaciales y de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias de CONAE).