Universidad Nacional de La Matanza - Departamento de Derecho y Ciencias Políticas

19 de Septiembre de 2011 | 4 ′ 36 ′′


Políticas públicas para la agricultura familiar



En Argentina el modelo productivo agroexportador ha sido durante mucho tiempo el gran beneficiado por parte de las políticas de Estado. Las agriculturas familiares, que se hallan en condiciones de garantizar la soberanía alimentaria del país, han padecido siempre dificultades económicas. Desde 2004 en adelante, se han registrado cambios en el sistema que apuntan al desarrollo rural a partir de un enfoque territorial que pone el énfasis en la promoción de la agricultura familiar.

Las políticas públicas para el desarrollo rural y la promoción de la agricultura familiar son analizadas en un proyecto de investigación a cargo del profesor Fabián Sislián, del departamento de Derecho y Ciencia Política.

La producción familiar es un tipo de desarrollo productivo en el que existe una menor dependencia de los insumos externos y de la fuerza de trabajo ajena, ya que el mismo agricultor adopta el rol de emprendedor y trabajador, en sintonía con la unidad familiar a la que pertenece, y porque, además, las unidades doméstica y productiva están físicamente integradas. Allí, la producción se utiliza para el autoconsumo y se dirige, también, al mercado.

Sislián explicó las diferencias entre los grandes modelos productivos y los productores familiares: “En las últimas dos décadas, el crecimiento exponencial del cultivo de soja vino acompañado de la intensificación del uso de los denominados paquetes tecnológicos, del aumento creciente de la productividad y, con ella, de las ganancias extraordinarias y los ingresos fiscales”.

En nuestro país, acostumbrado a los grandes productores de antaño, la actividad agropecuaria familiar se asocia, indefectiblemente, a las dificultades económicas. “Aunque los agricultores familiares se hallan en condiciones de garantizar la soberanía alimentaria de todos los argentinos, en general viven en condiciones de pobreza y marginalidad social, encuentran dificultades para acceder a los recursos y para comercializar sus productos”, indicó Sislián a InfoUniversidades. Además, “(los productores) poseen enormes dificultades en términos de acceso a la tierra, al agua, a la infraestructura básica, al transporte y otros servicios, por lo que sus explotaciones son consideradas inviables por los enfoques dominantes sobre el desarrollo económico”.

Cambios en el sistema

Si bien el modelo agroexportador es el dominante, los últimos tiempos han sido beneficiosos para la agricultura familiar. “Desde el actual ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca comenzó a definirse una política de desarrollo rural con enfoque territorial que pone el énfasis en la promoción de la agricultura familiar, y la entiende ya no como objeto de exclusiva asistencia social, sino como formato productivo viable”, explicó el docente.

En ese sentido, en 2004 fue creado el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNaF) y, en 2007, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), que tiene como objetivos centrales la identificación genuina de los agricultores familiares y el desarrollo de un padrón de agricultores que facilite el diseño e implementación de políticas diferenciales.

El sector de este tipo de agricultura reproduce la familia en los aspectos económico, social, cultural e identitario; y garantiza la soberanía y seguridad alimentaria sobre la base del trabajo digno y la absorción de mano de obra que evita la migración y la pobreza. “A diferencia de los empresarios rurales, que gerencian el modelo de los agronegocios, la agricultura familiar es aquel tipo de producción en donde las actividades agrícolas son el recurso principal en la estrategia de vida de la familia”.

La historia no favoreció a los pequeños agricultores, ya que “hasta no hace mucho tiempo, casi la totalidad de las acciones estaban dirigidas a las producciones pampeanas, altamente capitalizadas.
Salvo algunas excepciones sin mayor impacto cuantitativo, como el Programa Social Agropecuario (PSA) o el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores (PROINDER), la ausencia de políticas fue ‘la política’ para la agricultura familiar en el país”, concluyó Sislián. Hoy, el panorama rural está cambiando.

La agricultura familiar en Argentina abarca al 66 por ciento de los establecimientos agropecuarios y ocupa más de 23 millones de hectáreas (el 13,5 por ciento de la superficie nacional). Además,produce el 20 por ciento del Valor Bruto de Producción y contempla el 53 por ciento del empleo rural, de acuerdo al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF), perteneciente al INTA.


Carolina Demonte


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