Investigadores de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) trabajan en un examen integral de la normativa voluntaria y de las políticas públicas vigentes vinculadas a la protección de los cursos de agua, de los bosques urbanos, y de sus servicios ecosistémicos en la cuenca del río Luján.
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Se proponen, en base a este trabajo, elaborar nuevos lineamientos aplicables a los partidos de Luján y de Mercedes, además de crear propuestas e implementar charlas de formación en diferentes ámbitos sociales para transferir el conocimiento y rever las necesidades ambientales de la población.
El proyecto se llama “Los servicios ecosistémicos brindados por el agua y los bosques urbanos en la cuenca del río Luján. Aportes desde una perspectiva social, jurídica y ambiental” y cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Los investigadores señalan que las políticas públicas ambientales aplicables al ámbito de la cuenca y la reciente normativa voluntaria sobre servicios ambientales incorporaron algunos lineamientos asociados al “enfoque ecosistémico”. La hipótesis de la investigación radica, entonces, en que estas políticas y normativas recientes pueden aprovecharse y potenciarse para la elaboración de nuevos lineamientos de políticas públicas y, a su vez, capacitar respecto de estos temas a sus comunidades.
Desde el punto de vista metodológico plantean la utilización de la hermenéutica jurídica de documentos, las entrevistas a informantes clave y la metodología del focus group, que en combinación podrían contribuir en cumplir con los objetivos planteados.
El proyecto es una continuación de la investigación “Enfoque socio-ambiental y jurídico sobre los servicios ecosistémicos brindados por los bosques y el agua” pero hace foco en otros aspectos socio-jurídicos y en el impacto de la contaminación de los recursos naturales en la salud humana, en las políticas públicas y en la nueva normativa voluntaria.
El primer proyecto apuntaba a lograr un desarrollo inicial eminentemente teórico, en tanto que en el segundo se propone abordar un formato de “investigación-acción”, pero nutriéndose de los resultados obtenidos en el primero. En este contexto, el nuevo proyecto se ha circunscripto a un espacio territorial reducido.
Los investigadores señalan que el paradigma ambiental se insertó en distintos acuerdos internacionales tendientes a proteger, mitigar el impacto o remediar el daño antrópico mediante la sanción de leyes, la implementación de estándares ambientales vinculados con los procesos productivos, la conformación de dispositivos de gestión con agencias especializadas y programas de educación ambiental.
En referencia a los servicios ecosistémicos, señalan que estos irrumpieron en la academia principalmente a partir de la aparición de la Evaluación de ecosistemas del Milenio en 2005 y fueron definidos como todos los beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas que contribuyen a hacer la vida no sólo físicamente posible, sino también digna de ser vivida.
Asimismo, estos servicios fueron considerados como una herramienta muy útil por vincular directamente a los ecosistemas con las necesidades humanas. En este sentido, uno de los objetivos centrales de la creación de este concepto es el de demostrar que los ecosistemas en sí mismos producen muchos servicios que poseen gran valor, y que en la mayoría de los casos resultan ser más valiosos y relevantes que los que se obtienen de su mera extracción y explotación.
Destacan que una cuenca hidrográfica es un área que drena el agua a partir de un único sistema fluvial: sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas y culturales que les confieren características particulares.
Afirman que resulta relevante su análisis debido a que en las áreas rurales las transformaciones antrópicas han modificado este paisaje original por el de agrosistemas, con cambios en el uso del suelo y del balance hídrico (por canalizaciones y obras de riego), con la incorporación de agroquímicos, y por la introducción masiva de especies exóticas, que han transformado las condiciones de drenaje, la fertilidad del suelo y la composición de los pastizales, incluyendo la desaparición de especies autóctonas vegetales y animales.
El equipo está conformado por doce investigadores y es de carácter interdisciplinario. Participan dos abogadas especializadas en Derecho Ambiental, una economista especializada en Derecho del Agua, dos ingenieras agrónomas especialistas en el ámbito forestal y en el análisis de normas de gestión ambiental (voluntarias), dos licenciados en Información Ambiental, un sociólogo especialista en Derecho Ambiental, un investigador extranjero licenciado en Turismo, un antropólogo especialista en la normativa sobre bosques y sus comunidades y un estudiante avanzado de la Licenciatura en Información Ambiental.
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El equipo está compuesto por profesionales que trabajan juntos desde hace varios años de manera interdisciplinaria, y muchos de ellos han compartido diversas actividades de investigación. A su vez, varios integrantes del grupo han realizado publicaciones conjuntas. La directora es la abogada Clara Minaverry, quien colabora en el relevamiento y el análisis de normativa voluntaria, las políticas públicas y de los mecanismos de control e institucionales desde el ámbito jurídico, dialogando con las otras disciplinas y coordinando los resultados científicos obtenidos por todos los miembros del equipo.