“La idea de investigar cómo se desempeñan las comisarías de la mujer en Posadas en relación a la temática de violencia contra la mujer, surge a partir de haber detectado en la cotidianeidad de vinculaciones con mujeres que habían tenido que atravesar la instancia de ir a la comisaría, una cierta desatención y descuido en el abordaje de la problemática”, explica a Argentina Investiga Mariano Anton, delegado del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

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El especialista, que llevó adelante la tesis de Maestría en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Misiones “El abordaje de las situaciones de violencia contra la mujer en el ámbito de las dependencias policiales de la ciudad de Posadas”, realizó la investigación en seis comisarías de Posadas y consultó a agentes policiales de diversas jerarquías, responsables de la atención de mujeres víctimas de situaciones de violencia. Entre los hallazgos del trabajo, se destaca que los agentes policiales tienen una formación básica deficiente en temas sociales, y también sobre derechos humanos y más específicamente sobre los derechos de las mujeres; disponen de muy bajos conocimientos sobre el alcance de la legislación vigente y, cuando participan de cursos especiales sobre el tema, no lo consideran de su interés, sino una carga. Pero Antón alerta que ésta no es una responsabilidad directa del personal actual, sino más bien de los modos en que se los capacita.

Además, la vigencia del sistema patriarcal y de la cultura machista impide que se respeten las limitaciones de las propias mujeres víctimas que necesitan denunciar, por ejemplo, el recurrente retiro de la denuncia por parte de algunas víctimas es visto como una falta de respeto hacia el accionar policial, y no como una dificultad de esa mujer para sostener su reclamo ante las presiones de la propia familia o su entorno de vida.

La mayoría de las investigaciones que se vienen realizando sobre la problemática tienen una mirada sobre la víctima, aclara Anton y explica: “Nosotros nos corrimos de ese lugar y pensamos en preguntar a una institución, como lo es la comisaría, tan sensible a la recepción de la problemática social”.

-¿Con qué se encontraron?

-En principio, que hay un enorme desconocimiento de la normativa jurídica vigente. Lo único que ellos entendían que era aplicable era la ley provincial de Violencia Familiar, no reconocen como de aplicación la ley nacional 26485 de Erradicación de Violencia hacia la Mujer aunque deberían hacerlo, ni tampoco reconocen la normativas internacionales tanto de discriminación como de erradicación de la violencia hacia la mujer como ejes rectores de un comportamiento deseado.

-¿Por qué sucede esto?

-Descubrimos que en ninguno de los años dentro de la currícula formativa para ser oficial que es de tres años o de suboficial, que es de un año en la provincia de Misiones, se abordaba la particularidad de la violencia hacia la mujer, no sólo desde la mirada legislativa, ni tampoco de la perspectiva que este fenómeno requiere. Como consecuencia, también vimos que en nada se forma en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes que también es otro de los núcleos que suelen identificarse como de alto conflicto en la vinculación con la institución policial.

-¿Se toma la denuncia por violencia de género?

-No, se sigue haciendo la declaración. La ley nacional dice que cuando el agente detecte que está encuadrado en una situación de delito, automáticamente debe dispararse el mecanismo para que se transforme en delito. Y en eso ayudaría mucho el protocolo de actuación, para resolver esto.

-¿Cuál es la propuesta de la investigación?

-En principio, hay que modificar la currícula formativa, hay que incorporar los temas vinculados a niñez, adolescencia y mujer. Hay una alta demanda y nunca van a poder brindar una atención eficiente si no están bien formados. Además, no hay un registro oficial, único y general sobre cuántas mujeres concurren a la comisaría. Recomendamos la elaboración de este registro y la implementación de protocolos de actuación que están a disposición. Todavía no consideran la violencia hacia la mujer como delito. Varios de ellos decían: “A nosotros nos preparan para otra cosa, no para andar escuchando mujeres”. Entonces otra de las recomendaciones es incorporar trabajadores sociales a la atención de una comisaría.

La magnitud del fenómeno

Para dar cuenta de la magnitud del fenómeno de la violencia contra la mujer, se tuvo en cuenta el estudio llevado a cabo por la organización civil La Casa del Encuentro, que por medio de su Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, afirma que “es posible estimar que cada 30 horas, en el país, una mujer es asesinada a manos de un familiar, pareja o ex pareja. Ello da cuenta de la existencia de un complejo -e ineludible- problema social, cuya naturaleza misma -en tanto que atropello a los derechos humanos- compete sobremanera al Estado”.

En dicho informe, particularmente para Misiones, se destaca que el número de femicidios durante 2014 asciende a la cantidad de 16. Con esta referencia la provincia se posiciona en cuarto lugar del total país, sobre un total de 24 divisiones territoriales, encontrándose apenas por debajo de las provincias con mayor número de habitantes por territorio.

En un trabajo llevado a cabo por la Asociación para Políticas Públicas, llamado “Mapa de la Violencia de Género en la Argentina” se destaca a las provincias del norte argentino como las de mayor índice de violencia contra la mujer, y en particular sobre la provincia de Misiones, subraya el indicativo de contar con una profunda cultura machista.

Las leyes, sustento y guía

La investigación de Anton parte de la ley vigente en la Argentina, como eje rector de conducta adecuada y esperada por parte de la institución policial, ya que la Argentina ha adherido con rango constitucional a los estándares internacionales en derechos humanos de las mujeres, ampliamente reconocidos y avalados por los movimientos internacionales de mujeres.

Tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como así también la ley nacional 26485, son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina, “sin que medie ninguna necesidad de que las legislaturas provinciales adhieran a sus preceptos de manera formal”, aclara Anton.

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Y agrega: “Desde dicha normativa, hemos buscado el sustento teórico en aquellos trabajos que destacan las consecuencias del desarrollo de lo que hoy se define como violencia institucional, que puede ser ejercida tanto como una acción o como una omisión por parte de quien se encuentra obligado a hacer, y que para el caso de las dependencias policiales, su hacer o no hacer de manera adecuada, implicará la posible frustración de acceso al sistema judicial o en el peor de los casos, nada más ni nada menos, hasta la vida de la mujer víctima de violencia”.