El trabajo ha sido elaborado en base a entrevistas efectuadas a agentes claves de ocho municipios de la provincia de Córdoba: Bell Ville, Río Cuarto, San Francisco, Cruz del Eje, Unquillo, Jesús María, Laboulaye y Villa María. En éste se presenta una serie de reflexiones encaminadas a comprender los dispositivos bajo los cuales las inequidades vividas por las mujeres al interior del mundo del trabajo se refuerzan y reproducen en el espacio local. La investigación fue llevada a cabo por Leticia Echavarri, Javier Moreira Slepoy y Carlos La Serna, investigadores del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP).
> Leer también: Jóvenes, el sector más postergado del mercado laboral.
La igualdad como argumento
El argumento de que varones y mujeres son iguales puede invisibilizar las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales. “Desde el derecho liberal se piensa en una igualdad formal, impulsada desde los albores de la revolución democrática bajo el lema ‘todos somos iguales ante la Ley’. Bajo esta concepción, que se escuda en criterios de supuesta objetividad y neutralidad, se impide ver cómo se perpetúan pasadas y presentes discriminaciones”, explican a InfoUniversidades los autores de la investigación.
Y agregan: “En el uso de criterios meritocráticos, que tienen base en el criterio de igualdad formal, se esconden las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales relacionadas, entre otros aspectos, al trabajo reproductivo que se les ha asignado en exclusividad en la división sexual del trabajo. Cuando hablamos de discriminación de las mujeres y de la consecuente necesidad de la implementación de medidas de tipo afirmativas, referimos la posibilidad de terminar con la subordinación de las mujeres en cuanto a grupo. En la definición de igualdad se impide ver cómo se perpetúan pasadas y presentes discriminaciones”.
Para los autores de la investigación fue significativo que los mismos entrevistados que celebran la igualdad entre hombres y mujeres (y rechazan de plano la utilización de medidas especiales que den espacio a las mujeres) reconocen el tiempo, la carga del trabajo reproductivo que pesa casi exclusivamente en las mujeres.
Casos aislados
Algunos de los entrevistados en el trabajo sostienen dichos como “en realidad, la mujer está ocupando un lugar bastante protagónico ¿no?, nuestra intendenta es una mujer…”. Los investigadores explican que el recurso de sostener que hombres y mujeres ocupan iguales posiciones mediante la ilustración de un caso concreto del cual se tiene conocimiento, es engañoso. “El entrevistado pasa por alto el dato que, según un estudio efectuado en 16 países de la región, de un total de casi 16 mil municipios, las mujeres representan sólo el 5 por ciento de sus intendentes. Y que la proporción promedio de América Latina en general, y de cada uno los países en particular, poco ha variado desde la década de los ‘80. Tampoco varió el patrón territorial de ubicación de las intendentas, casi la mayoría en municipios rurales y pequeñas ciudades”, afirma de la Serna.
Primero, el trabajo reproductivo
La investigación señala que las medidas tendientes a facilitar la articulación de las mujeres de sus roles productivos y reproductivos parecerían contar con un alto grado de consenso por parte de los agentes municipales. Por su parte, la promoción de medidas que modifiquen la división sexual del trabajo imperante y remuevan las relaciones de poder establecidas, serían rechazadas casi de plano. Los autores afirman que la percepción dominante es que la mujer “puede” salir a efectuar trabajo productivo, siempre que siga efectuando correctamente su trabajo reproductivo en el que asienta el sistema de dominación patriarcal.
La mujer como agente en el combate de la pobreza
En primer lugar, los autores señalan una indistinción entre los conceptos de género y sexo: trabajar en los programas de empleo desde una perspectiva de género es, simplemente, que un número importante de mujeres ingrese a los programas.
“Además, las políticas de empleo y género no se orientarían a acciones tendientes a revertir las inequidades que padecen las mujeres en el mercado de trabajo en términos de sujetos de derecho. A cambio, tomarían la forma de políticas tendientes a facilitar el acceso al mercado laboral por parte de una cierta categoría de mujeres (pobres y con hijos a cargo), bajo la visión dominante del complemento a los ingresos familiares como modalidad de combatir la pobreza”, señala La Serna.
Por otra parte muchas de las actividades promovidas desde los programas tienden a ser extensiones de las actividades reproductivas adscriptas históricamente a las mujeres. En tal sentido, los diferentes programas adquieren el carácter de dispositivos estatales que refuerzan la división sexual del trabajo, como se refleja en uno de los testimonios de la investigación: “Y empleos… mucho servicio doméstico… por una cuestión de género se introdujo mucho la capacitación de las mujeres en la responsabilidad de la crianza de los hijos, en darle la cuestión del cuidado de los niños, en el tema cocina, se trabajó bastante bien y se articuló bastante bien…”.
Los autores entienden que se hace necesaria una revisión crítica desde una perspectiva de género de los programas estatales de empleo en general y en particular de los orientados a la economía social. Este conjunto de dispositivos estatales posibilitaría el ingreso de las mujeres al mundo productivo, muchas de las veces en condiciones de precariedad y en actividades que son meras extensiones de las actividades reproductivas promoviendo, además, situaciones por las que se hace del hogar el lugar de trabajo; en donde la inserción laboral que se logra corre el riesgo de devenir en una tarea más de la actividad reproductiva de la mujer. Por lo demás, los autores señalan que esta problemática debe enmarcarse en una discusión acerca de la lógica subyacente en las políticas dirigidas a transformar la situación de los hogares pobres.
Los gobiernos y el mundo del trabajo
“En general, las políticas en el campo del trabajo han contemplado la dimensión de género de manera implícita. Por ejemplo, a través de los programas de capacitación del ministerio de Trabajo se ha procurado incorporar mujeres en actividades tradicionalmente masculinas, como la construcción y la metalurgia. Los agentes entrevistados de la gerencia de empleo mencionan que los actores sectoriales empiezan a pensar la inclusión de mujeres en las capacitaciones y bolsas de trabajo de estas actividades ‘masculinas’. Así, en el Plan Manos a la Obra, por ejemplo, la incorporación de mujeres se presenta como obligación para las municipalidades en su implementación. Sin embargo, esto no está exento de resistencias”, explica La Serna.
Se da una marcada ausencia de ordenanzas municipales que aborden la relación mujer y mundo del trabajo resaltando, de este modo, la ajenidad bajo la cual los agentes que encarnan las prácticas estatales locales perciben los derechos humanos de las mujeres en general, y la cuestión de trabajo y género, en particular. Los datos relevados en el trabajo de campo dan cuenta del largo camino que falta aún por recorrer para pensar en municipios que se sientan obligados a cumplir con la normativa de derechos humanos internacional, que ha sido incorporada en la Constitución Nacional.
La pirámide laboral de género
> Leer también: Premio por estudio sobre las variaciones de flujo biliar-colestasis.
La situación laboral de las mujeres en la actualidad en el ámbito de los municipios puede quedar ilustrada de la siguiente forma, según esta investigación: los puestos jerárquicos son ocupados predominantemente por hombres; los puestos medios distribuidos en forma equitativa entre hombres y mujeres y los puestos más bajos en la jerarquía serían en su mayoría ocupados por mujeres.