Luego de la Segunda Guerra Mundial, tras encontrarse con sus economías devastadas, numerosos países se vieron en la obligación de nutrirse de capital extranjero para solventar sus estructuras básicas, así como para volver a reconstruir sus economías nacionales. La firma del conocido tratado de Bretton Woods obedece a este contexto y, a producto de él, surgen dos instituciones internacionales de absoluta relevancia: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, atraer capitales extranjeros con el objetivo de promover el crecimiento económico de otros Estados no era una tarea simple, ya que a mitad del siglo XX seguían presentes ciertos hitos tales como la “Doctrina Drago”, la expropiación de inversiones extranjeras en América Latina y Rusia, post revolución bolchevique. El surgimiento de un foro internacional independiente, que propusiese la igualdad entre las partes ante un litigio protectorio de una inversión, era una idea novedosa y que tuvo rápida aceptación en la segunda mitad del siglo XX.
Creado en 1966, en el marco del Convenio de Washington, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se constituía como un ente neutral que mantenía un cuidado equilibrio entre inversionistas y Estados receptores. Con una jurisprudencia actual de más de 600 casos, el CIADI no está libre de críticas. A partir de éstas, un grupo de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores decidió explorar el funcionamiento del Centro, tomando como referencia los casos argentinos ante el sistema. Los especialistas han detectado una falencia generalizada: la ausencia de un criterio consistente para la resolución de casos análogos. Como solución, proponen la creación de una instancia de apelación estable que tienda a unificar los criterios disímiles.
Con el objetivo de que lo trabajado sea entendible por cualquiera que quiera conocer del tema, se pensó en la difusión de las discusiones, empleándose lenguaje llano. Desde la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad, se estableció un esquema de colaboración tripartito. Junto con la Universidad de Monterrey, México, y el programa “Wikipedia en la universidad”, los investigadores del proyecto “¿CIADI en crisis?” han participado de la reciente Jornada de Edición, donde han incluido sus recientes aportes en diversos artículos de la enciclopedia colaborativa online, a fin de propiciar el debate con la amplia comunidad web.
La Universidad de Flores y la Universidad de Monterrey trabajan en la primera edición del COIL (Collaborative Online International Learning), y alumnos investigadores de ambas instituciones han debatido sobre las líneas de investigación en curso y sus aportes conjuntos fueron recientemente publicados. El equipo de Wikipedia Argentina, representado por Florencia Guastavino y Luisina Ferrante, capacitó a los participantes argentinos, coordinados por la Mg. Agustina Vázquez, docente de la cátedra y directora del proyecto; mientras que el equipo de la Dra. Rosa Amili Guzmán contó con el apoyo de Wikipedia México, a cargo de Claudia Muñoz. “Nuestro programa es una convocatoria abierta para todas las universidades”, detalla Florencia Guastavino, del equipo de proyectos de Educación de Wikimedia Argentina. “Lo que proponemos es editar Wikipedia por medio de las universidades, porque son los espacios donde se produce conocimiento, y así, tener a estudiantes y docentes analizando críticamente contenidos puede contribuir a contar con artículos de calidad. En este caso, estamos en contacto con una compañera en México que coordina el grupo de estudiantes de la Universidad de Monterrey y entre los dos grupos trabajan en los artículos que seleccionan ambas docentes”.
Al respecto, la Mg. Vázquez explica el origen del CIADI, sus controversias, la relación con Argentina y el aporte del proyecto que dirige.
–¿Cómo es el contexto en el que surge el CIADI y cuáles son sus funciones específicas?
–En la antigüedad, cuando una persona quería reclamar la pérdida de sus bienes ante el Estado dependía de la voluntad del Estado mismo. En el siglo XIX comienza a haber un flujo de inversiones hacia países de África y América, colonizados por otras naciones. Cuando estos países se independizan, era muy difícil comenzar como Estado cuando no se tiene el control de sus recursos. Estas empresas, en manos de extranjeros, controlaban los activos esenciales de los Estados: agua, minería, ferrocarriles. En Argentina pasaba eso, hasta que tuvimos procesos de nacionalización, al igual que en el resto del mundo. Pero si sos un inversor extranjero y te expropian, ¿ante quién reclamás? Parte de esta preocupación motivó que se cree el CIADI. Técnicamente, es un organismo internacional por fuera del Estado. Se ocupa de controversias que suponen la violación de un tratado internacional, y que pueden ser llevadas al CIADI porque el Estado aceptó esta jurisdicción. Esto lleva a una persona a pararse con pie de igualdad ante un Estado fuerte y poder reclamarle con herramientas jurídicas para defender su propiedad. Tiene una estructura administrativa que provee apoyo a los tribunales que se forman para cada caso, y forma parte de lo que conocemos como “Grupo Banco Mundial”.
–¿Cómo es el procedimiento de los fallos del CIADI y cuáles son los cuestionamientos que le hacen?
–Cuando un caso llega al CIADI, se conforma un tribunal ad hoc, es decir, que es específico para cada caso: un árbitro por el Estado, otro por el peticionario y uno de común acuerdo entre ambas partes. Ese tribunal va a dictar un laudo, que es una sentencia que va a ser final. Y ahí surge la pregunta en la que venimos trabajando: ¿tiene que ser la última palabra? Este proyecto lo estudiamos desde una universidad argentina, que es el segundo país con más casos en el CIADI, muchos originados en la crisis del 2001. Pensemos lo siguiente: ¿cuándo van a reclamar los inversores por un problema legal? Cuando hay graves crisis económicas. En ese momento, cambian las condiciones de estabilidad que se le promete a un inversor.
–Es como pelear contra Goliat…
–Creo que tanto el inversor como los Estados han sentido eso en algún momento. El CIADI lo que ofrece es pelear en un terreno que no sea de una de las partes. Se busca la neutralidad. No podés pelear con Goliat en su propia cancha. Tenés que pelear, como mínimo, en un terreno neutral.
–¿De qué manera creés que esto puede ser perjudicial para Argentina?
–Todos los Estados competimos por tener nuestras mejores condiciones para poder proveer la mejor situación de bienestar a nuestros ciudadanos. Vos tenés que pensar que cuando te llega un caso, no es la inversión de la empresa X versus Argentina. En realidad, lo que estás discutiendo ahí puede ser, por ejemplo, el agua potable de la población. Ahí, el problema deja de ser económico y pasa a ser un problema social, que involucra Derechos Humanos. Lamentablemente, cuando los árbitros laudan, analizan sólo lo que aparece en los documentos.
–¿Los fallos suelen favorecer al inversor?
–Mayoritariamente, sí. Los Estados en general no quieren ir al CIADI porque, si bien los favoreció para atraer inversores, el costo fue muy alto. En la década del ‘90, Argentina firmó tratados bilaterales de inversión con casi toda la comunidad internacional, que eran más de 100 países. ¿Atrajimos más inversiones? ¿Esas inversiones nos ayudaron a crecer? ¿Contribuyeron al desarrollo económico? En definitiva, ¿vivimos mejor? La posición argentina frente al CIADI es una cuestión de Estado, porque tuvo, tiene y tendrá este tipo de casos. No estamos discutiendo un caso: estamos discutiendo la realidad económica de un país.
–¿Qué es lo que proponen desde la investigación?
–Estamos planteando que el CIADI tiene lo que se denomina una crisis de consistencia, es decir, que distintos tribunales en el marco del CIADI hicieron distintas interpretaciones de los mismos hechos, con resultados distintos. En unos condenaron al Estado y en otros, no. En 2001, la Argentina tenía un Estado de necesidad, con el 50% de la población en la pobreza, la mitad de la industria sin actividad, la sociedad movilizada en las calles. En cada caso tenemos un tribunal distinto, es por mera suerte. No hay una línea clara, que en derecho se llama ‘consistencia’. Cuando no tenés consistencia, empezás a tener un sistema cada vez menos legitimado. En ese caso, o te vas o lo cambiás. Tenés la posibilidad de irte, como hicieron Bolivia, Venezuela y Ecuador. Nosotros no nos fuimos. Tampoco es el objetivo de esta investigación proponer que Argentina se vaya. Nos parece más conveniente proponer una mejora. Parte de nuestros pasivos estatales viene de las sentencias que el Estado tiene en contra, entre ellas las del CIADI. Esta crisis es ya una verdad de perogrullo. Desde la secretaría del CIADI, que saben que están con graves problemas de legitimidad, empezaron a preguntarle a los Estados qué modificarían de su reglamento. Nosotros, por ahora, entendemos que los cambios que se necesitan requieren de modificar el tratado originario del sistema.
–En función de esto, ¿cómo sería un CIADI ideal?
–Dado que el CIADI fue ganando cada vez más protagonismo, nos preguntamos: ¿podemos pensar que los Estados busquen la forma de tener un mecanismo dentro del sistema para crear una interpretación más consistente de los casos? Con mayor seguridad jurídica, que convenga a las partes al momento de ir a litigar. Los litigios, en este nivel, son profundamente especulativos. Por ejemplo, Argentina tiene casos donde lo que se está discutiendo es la restructuración de bonos de la deuda pública, y se consideró que comprar bonos es una inversión. Mi pregunta es: ¿puede ser eso una inversión, comprar un bono a través de un home banking desde tu casa, cuando consideramos que la inversión tiene que tener una efectiva contribución al desarrollo económico de los Estados? Como si resultara un puente, un acueducto, un aeropuerto. Como hay tanta diferencia de interpretación, tanta discusión de los términos legales que el CIADI tuvo que interpretar, volvimos casi al punto cero. Perdió legitimidad ante sus usuarios. Por eso creemos que el mecanismo de apelación, que tenga una interpretación uniforme de los estándares, podría ser una forma más de dotar al sistema de legitimidad y que proteja tanto a inversores como a Estados.
–¿Cuál es el objetivo de la colaboración con Wikipedia y la Universidad de Monterrey?
–Estamos trabajando en el marco de un proyecto de colaboración internacional on line (COIL) con la Universidad de Monterrey. Con alumnos investigadores de Monterrey, nos propusimos editar artículos de temas relacionados a nuestra investigación y a Derecho Internacional Público. Creemos en poder llevar temas tan abstractos como el CIADI, la restructuración de deuda pública, las inversiones, a un lenguaje llano. Es un aporte maravilloso porque, cuando un no sabe algo, ¿qué hace? Googlea. Para la generación sub 40, Wikipedia es una de las principales fuentes de información, abierta a la comunidad internacional, y también da la posibilidad de chequear. Otorga una información básica, fácil de entender, sobre un tema difícil. Y si te interesa el tema, podés profundizar. Es distinto, por supuesto, del ejercicio que uno realiza para estudiar un tema donde precisás el diálogo entre fuentes, de la profundidad de contenidos. De ningún modo un artículo de Wikipedia puede reemplazar la lectura en profundidad de un libro de texto. No proponemos eso. Proponemos acercar temas difíciles de Derecho Internacional Público a un espectro más grande.
–¿Tienen ya alguna hipótesis o resultados, al menos parciales, de la investigación? En ese caso, ¿cuál sería su aporte?
–Nuestro problema de investigación gira en torno a la crisis de consistencia del CIADI y que nosotros observamos que el proceso de arbitraje, básicamente ad hoc, en inversiones, es poco efectivo para tener un sistema con cierta uniformidad de jurisprudencia. Basándonos en un trabajo de relevamiento de fuentes, encontramos que pensar en una instancia de apelación no es descabellado. La Organización Mundial del Comercio tiene uno. Como nuestro objetivo es fundamentar el mecanismo de apelación, trabajamos en presentar los resultados de nuestra investigación ante la Secretaría General del CIADI, para que se pongan a consideración. Pero antes, queremos una discusión en lenguaje coloquial, con participación directa del nuevo actor político del siglo XXI, el ciber-ciudadano. Wikipedia es, en este sentido, nuestro partner y facilitador. Nos proponemos poder llevar estas voces cuando presentemos nuestros resultados ante la S.G. del organismo, en el marco de la convocatoria vigente. Por supuesto que lo que efectivamente resulte, o no, de este proceso de reforma, está en manos de los Estados. Nosotros entendemos que nuestra investigación es una baldosa más para los próximos investigadores que decidan trabajar sobre el tema. El camino está en construcción.