La aplicación de la Ley de diferimiento impositivo en los años noventa generó inversiones en el sector olivícola que se tradujeron en un importante aumento de la superficie implantada con olivos, en la introducción de nuevas variedades y en una mejora de la tecnología agropecuaria para el sector.
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El incremento en la demanda de plantas obligó a los viveristas a introducir técnicas modernas de producción masiva de plantines y a importar nuevas variedades, a la vez que a arriesgar el patrimonio fitosanitario del país con la introducción de plagas cuarentenarias. Esto condicionó a los viveristas a la producción de plantas de calidad y sanidad controladas, para lo cual se hizo necesario programar aplicaciones frecuentes de plaguicidas de diferente toxicidad, con lo cual se generó un ambiente tóxico en el que trabajan los operarios de estos viveros.
Responder acerca de cuál es el nivel de toxicidad que genera la producción de olivares en el centro-oeste del país, la zona por excelencia de esta industria en la Argentina, fue el objetivo de un grupo de investigadores de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, que realizó una encuesta a los ingenieros agrónomos encargados de algunos viveros de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. A ellos les consultaron sobre las plagas o enfermedades que controlan, qué plaguicidas utilizan y con qué frecuencia, para determinar el riesgo de contaminación ambiental y de intoxicación de los operarios que trabajan con las plantas. El resultado: algunos productos son muy nocivos para el suelo y para las personas que los manipulan.
Qué se midió, qué se encontró
Para calcular los indicadores de riesgo, el equipo de investigadores -liderado por la ingeniera agrónoma Marta Susana del Toro- se aplicó el coeficiente de impacto ambiental de plaguicidas (CIAP) que considera el riesgo del trabajador rural, el riesgo ambiental y el riesgo del consumidor, aunque este último no fue considerado.
Igualmente, Del Toro apuntó que “los consumidores pueden estar involucrados si compran plantas tratadas y las tocan con las manos, no por consumo como alimento”.
Como bien detalló la investigadora, las variables para calcular el CIAP incluyen la medición
-en cada plaguicida- de su toxicidad crónica, toxicidad dermal, toxicidad en abejas, aves, peces y artrópodos benéficos, su persistencia en suelo y en la superficie de la planta y, por último, la potencial pérdida de suelo tras el tratamiento. Cabe destacar que todos los viveros auditados para conocer la calidad de plantas que producen y si las plantas se encuentran dentro de los estándares de calidad, están inscriptos en el INASE (Instituto Nacional de Semillas).
“En general, los productos con mayor CIAP son los plaguicidas de amplio espectro de acción, como los organofosforados y los carbamatos, que son muy tóxicos para la fauna benéfica, la fauna acuática, las aves, mamíferos y el hombre”, aseguró Del Toro acerca de lo que encontraron tras el estudio. Por ejemplo, los productos con metidation, clorpirifos y dimetoato, muy usados en viveros por su bajo costo, están entre los organofosforados que contaminan.
Como bien aclara la investigadora consultada, aún no se determinó fehacientemente qué consecuencias para la salud de una persona tienen estos contaminantes al manipularlos, “pero ya hay trabajos que hablan de que el clorpirifos puede producir roturas de cromosomas y se dice que los piretroides son disruptores endocrinos. El mayor problema lo tienen los obreros, que no siempre están con la ropa de protección puesta”, advierte Del Toro.
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Según indicó la agrónoma a Argentina Investiga, para bajar la contaminación con plaguicidas en estos viveros, hace falta “hacer difusión entre los viveristas del manejo de tecnologías menos contaminantes”, como así también “del uso de plaguicidas de bajo impacto ambiental y banda toxicológica verde (poco peligrosos)”.