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Universidad Nacional de Villa María - Instituto de Ciencias Sociales

08 de Agosto de 2016 | 4 ′ 30 ′′

Analizan las políticas de seguridad de la última década en Córdoba

Investigadores llevan adelante el estudio y focalizan en el rol que asume el Estado para el abordaje de distintas temáticas, como la violencia en el fútbol, los conflictos escolares y la violencia de género. Los especialistas describieron las estructuras e iniciativas gubernamentales llevadas a cabo en torno a estas conflictividades e identificaron una profundización de la policialización y la mano dura como estrategias de abordaje de la conflictividad social.

Fotografías de Archivo: División Multimedia/ Dirección Relaciones Institucionales Policía de la Prov. de Cba.

Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) realizaron un abordaje de las políticas públicas abocadas a la gestión de diferentes conflictividades sociales, violencias y fenómenos delictivos. El proyecto tuvo como objetivo reconocer las modalidades que asumió el gobierno de la seguridad en la provincia de Córdoba, en el período comprendido entre 2003 y 2013.

Desde un enfoque cualitativo reconstruyeron las políticas de seguridad implementadas a nivel provincial en la última década y sistematizaron experiencias operadas en ámbitos específicos del Estado. Como parte de las observaciones precisaron que esas políticas están relacionadas a una “profunda policialización”, que tiene que ver con “el abordaje punitivo” de la conflictividad social.

“Lo que intentamos es recalar en las particularidades de las intervenciones estatales reconociendo distintas lógicas en disputa, incluso hacia adentro del mismo ámbito estatal de la provincia”, aseguró a Argentina Investiga la directora del proyecto, Mariana Carbajo. En tal sentido, el diagnóstico de los investigadores está relacionado con “el ascenso de jefes policiales a la estructura gubernamental del gobierno” y, por otro lado, a “la respuesta represiva y punitiva”.

Según la investigadora, cuando se habla de políticas de seguridad suele comprenderse al Estado como “una entidad monolítica” y suelen caracterizarse sus políticas en función de lo que hace la policía. “Lo que intentamos en el proyecto es abordar distintas conflictividades para ver los diversos actores estatales que se involucran en la gestión de éstas, tratando de identificar tensiones entre lógicas de policialización y ciudadanización de las políticas de seguridad”, explicó.

Respecto de los ejes abordados pudieron reconocer distintos actores en relación a las problemáticas de conflicto. Así, en términos de violencia de género identificaron el programa de lucha contra la violencia familiar y dentro de éste el botón anti-pánico. “En esta política encontramos una lógica de policialización, donde la policía tiene cada vez más injerencia en las respuestas y una tendencia a la judicialización de la política”, dijo Carbajo. En relación a la violencia en el fútbol tomaron la creación del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) como entidad gubernamental, que intentó la pluralización de actores para el abordaje de la violencia en el fútbol y, en el caso de la escuela, el paradigma de la convivencia hacia su interior, en contradicción con la puesta de cámaras y la incorporación de adicionales como respuestas por parte del Estado a las conflictividades, violentas o delictivas, que “se dan en y en torno a los establecimientos educativos”.

Crisis y video-vigilancia

Carbajo, especialista en criminología, señaló que el tema de seguridad se incorporó a la agenda gubernamental de la provincia a inicios de 2000. Después de la crisis del 3 y 4 de diciembre de 2013 se “produjo una fractura muy fuerte en las políticas de seguridad provincial que, lejos de tomarse como oportunidad para repensar la institución policial y su democratización, llevaron a la profundización de la policialización y la mano dura como estrategia de abordaje de la conflictividad social”.

Al ser consultada acerca de la masiva utilización de dispositivos por parte de los ciudadanos, la investigadora aclaró: “Las cámaras, alarmas y la incorporación de policías son estrategias de defensa que responden a la sensación de inseguridad; se trata de métodos disuasivos que le permiten al ciudadano sentir que tiene algún tipo de respuesta. Lo importante sería que estén acompañadas de estrategias de participación ciudadana. No puede ser la única respuesta del Estado, sino que tienen que estar articuladas a estrategias de inclusión social”.

Además de Carbajo, el equipo está integrado por Agustín Zanotti, Mauricio Graso, Celia Galvalisi, Nicolás Cabrera Durán, Andrés Hernández, Mauro Surghi, Florencia Rodríguez, Pedro Sorbera y Teresa Oliva.

Verónica González
Universidad Nacional de Villa María

Prensa y Comunicación
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