No basta que los gobiernos sean elegidos periódicamente a través del sufragio universal, sino que deben estar en condiciones de actuar en forma responsable, es decir, de rendir cuentas ante la ciudadanía que los votó. Ésta última, conforme a la teoría electoral de la democracia, podrá “premiar” o “castigar” la acción de sus representantes, a partir de la reelección o del voto por la oposición.
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La crisis de gobernabilidad en las sociedades actuales se relaciona con una serie de factores económicos propios de la dinámica endógena de los estados. Uno de los factores económicos trascendentes tiene que ver con la capacidad fiscal de los estados capitalistas para hacer frente a las demandas sociales. En este sentido los Estados deben desempeñar la doble función de garantizar las inversiones y la rentabilidad del capital y, a la vez, estar en condiciones de garantizar la armonía social. El problema radica en que el Estado opta por garantizar las condiciones de rentabilidad a partir de apelar en muchos casos a políticas coercitivas y socavar la legitimidad.
Si se tiene en cuenta este contexto, legado de la década del ‘90 en la que al tradicional déficit de gobernabilidad se agregó el condimento explosivo de políticas neoliberales, reducción del Estado y exclusión y marginación social, con el cambio de siglo surgieron nuevos gobiernos de inspiración “progresista”, portadores de las demandas y las inquietudes de los sectores excluidos de la sociedad (Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula da Silva en Brasil, Kirchner en Argentina, Lagos y Bachellet en Chile, etc.).
En este sentido, un rasgo de estos gobiernos es la oposición explícita a las políticas implementadas en los ‘90. Este punto es importante si se piensa en esa oposición no sólo como un elemento discursivo, constitutivo de una estrategia electoral, sino como una oposición a partir de interpretar un nuevo sujeto social y, de él, demandas sociales que emergen del proceso estructural de empobrecimiento económico, de exclusión social y cultural, y de marginación política. Estos nuevos gobiernos surgen de entender esa nueva cuestión social que se despliega de manera contundente desde principios de este siglo, y de la conformación de un discurso y una programática política, cuyo centro es el intento de reequilibrar políticamente la distorsión que caracteriza esta nueva cuestión social. Los nuevos gobiernos emergen de las formas de la protesta social de fines de los ‘90, que a su vez, son producto de actores constituidos por el desplazamiento del mercado de trabajo.
Un segundo aspecto se refiere a la recuperación discursiva y práctica (política) del Estado en términos de intervención en la vida social. Desde la crítica al retiro del Estado en las políticas de los ‘90 los nuevos gobiernos plantean posicionarlo como sujeto de intervención ante los desequilibrios económicos y sociales. La idea y la práctica es una intervención directa del Estado en ciertas áreas económicas (cuyo ejemplo más extremo es la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, o procesos de reformas agrarias en Venezuela y Brasil), en áreas sociales (atención a la pobreza y la indigencia, educación y salud) y en áreas políticas en términos de recuperar la potestad estatal en el territorio nacional y en relación a ciertos flujos provenientes de los procesos globales (migración, seguridad). Este recupero de la institucionalidad y la actividad estatal reposiciona a la política pública y la planificación como instrumentos concretos de la acción estatal.
En el contexto del profundo cambio político llevado adelante por una gran cantidad de países de la región desde comienzos del nuevo siglo, es posible plantear la hipótesis de que, por la profundidad de ese cambio, las condiciones de gobernabilidad devienen en un conjunto de estrategias, llamadas “estrategias adaptativas”, que esos gobiernos deben llevar adelante. A partir de estas estrategias se intenta alcanzar un equilibrio sustentable entre los programas electorales con que se ganaron elecciones y la implementación de políticas que incorporan intereses de los factores de poder externos e internos, emergentes de las políticas neoliberales de los ‘90. Estas estrategias de gobernabilidad implican la necesidad de implementar acuerdos parlamentarios e interpartidarios, que materializan en sus dinámicas y resultados el éxito o fracaso de esas estrategias.
A su vez, el desarrollo de agendas sobre la base de esas estrategias adaptativas lleva consigo ciertos “corrimientos ideológicos y políticos” que permiten repensar las categorías políticas (izquierda- neopopulismo- progresismo) con que esos gobiernos fueron caracterizados en la política latinoamericana del nuevo siglo.
Por último, se puede constatar en los nuevos gobiernos una tendencia clara al diseño e implementación de políticas en donde el Estado vuelve a tener una representación y una participación de primer orden. Se habla de “políticas públicas” en pleno sentido e intención del concepto. Existe en los nuevos gobiernos un recupero de la arena estatal como espacio privilegiado de intersección de las demandas y los conflictos sociales y, por ende, de la política pública como el instrumento de resolución de los niveles de conflictividad social. Este posicionamiento de los nuevos gobiernos respecto al Estado y la política pública, no constituye sólo una reacción a la perspectiva antiestatalista de los gobiernos reformistas de los ‘90, sino una intencionalidad ideológica y política acerca de la centralidad que tienen en los aspectos más relevantes de la reproducción social. Sin que esto implique un intento de volver al modelo estadocéntrico, prevalecería la idea de un Estado que rearticula su relación con lo social desde una dinámica flexible en lo que hace a su constitución institucional.
El objetivo de esta investigación consiste en demostrar que la gobernabilidad política en la región desde los nuevos gobiernos “progresistas” y la legitimidad política alcanzada por ellos proviene de un conjunto de estrategias políticas que articulan intereses concentrados, externos e internos, con las expectativas sociales generadas por los programas electorales con que esos gobiernos ganaron elecciones y, en algunos casos, reelecciones. En este sentido se dará cuenta del juego de relaciones entre los programas de políticas afirmados e impulsados por los diferentes gobiernos de la región y la aplicación efectiva de estas líneas programáticas de política, teniendo en cuenta los cambios y continuidades respecto de las políticas implementadas en la llamada década neoliberal.
Este análisis se basa en dos cuestiones: una tiene que ver con la necesidad de llenar un vacío en la Ciencia Política latinoamericana en general y, en particular, la argentina, y que en cierta manera fue colmada con la importación de un andamiaje de conceptos teóricos y empíricos desarrollados por la academia de los Estados Unidos, en donde la democracia y el régimen político son vistos fundamentalmente como variables dependientes del desarrollo económico. Como consecuencia de este determinismo “economicista”, gran parte de las investigaciones en ciencia política de aquel país parten de modelos analíticos improntados de la economía, que ponen énfasis en la esfera de la racionalidad individual, la interacción estratégica y los incentivos para la cooperación.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación encara la temática de la gobernabilidad y democracia en América Latina, focalizándose en un contexto caracterizado por importantes discontinuidades en la esfera social, política y económica. En este sentido, importa el accionar de los nuevos gobiernos de la región, teniendo en cuenta sus vínculos con actores políticos y sociales surgidos sobre las “ruinas” de las estructuras políticas y partidarias de la década de 1990.
En segundo lugar, se intenta desarrollar un marco teórico y metodológico que permita superar la tradición de estudios que enfatizan el sesgo “populista” y “personalista” que caracterizaron históricamente los gobiernos de la región, así como aquellas corrientes de pensamiento político que, partiendo de un ideal (teórico) de institucionalización política de los países centrales (Estados Unidos y Europa occidental), sostienen que en América Latina la institucionalidad no genera estabilidad y previsibilidad de las acciones y los comportamientos sociales, como sí se verifica en otros países.
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Por último, se estima que un enfoque basado en el comportamiento real de los actores -y que tiene en cuenta las identidades y la diversidad social- es el más adecuado para analizar las estrategias adaptativas de estos gobiernos, permitiendo, además, reflexionar acerca de la pertenencia de las categorías políticas tradicionales (izquierda - neopopulismo - progresismo), en las que no encajan con facilidad los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.