En el oeste argentino la Cordillera de Los Andes se lleva todas las miradas. En la provincia de Mendoza los ojos están puestos, desde hace décadas, en la zona del “Piedemonte”, delimitada geográficamente por la Precordillera al oeste, la llanura al este, el Río Mendoza al sur y el Cerro Arco al norte.
> Leer también: Jóvenes integrados.
Este espacio ha sido dividido en tres sectores: norte, centro y sur. Los dos primeros se diferencian del último en que poseen obras de infraestructura para hacer frente a los fenómenos naturales. Los más recurrentes y que más daño han generado son los conocidos como aluviones, llamados en el medio científico como “debris flood” (inundación de detritos), procesos de avenidas extraordinarias de flujos hiperdensos en los que el agua, de manera torrencial, arrastra gran cantidad de sedimentos.
Estos desastres naturales y las deficiencias estructurales son algunas de las aristas del problema a las que se suma la vulnerabilidad social, ya que en la región se han instalado comunidades o barrios considerados como “no ordenados”.
Un nutrido grupo de docentes investigadores y estudiantes de la Universidad Maza de Mendoza trabaja en el tema. Lo más interesante es que lo abordaron multidisciplinarmente con profesionales de gestión ambiental, comunicación social, educación ambiental y trabajo social.
Su primera acción fue realizar mapas de peligro de eventos geológicos e hidrológicos y luego se abocaron a preparar efectivamente a los habitantes, con el fin de reducir la vulnerabilidad. Las labores comenzaron con el barrio “Valle Encantado” que demostró, en la práctica, tener cierta organización y conocer su vulnerabilidad estructural.
La vulnerabilidad se puede definir como el grado de preparación que un determinado elemento ambiental posee para hacer frente a un proceso natural destructivo. La vulnerabilidad estructural no siempre depende de los ciudadanos pues hace referencia a las obras de ingeniería existentes para mitigar o anular los efectos de un suceso de este tipo, como puede ser un dique. La social, en cambio, sí se refiere a las condiciones de las poblaciones para enfrentarlos.
Justamente, al respecto, el geólogo Héctor Cisneros contó que “a pesar de que la Provincia es más ordenada que el promedio nacional, un gran núcleo poblacional se encuentra expuesto y vulnerable ante estos procesos. Su estado, muchas veces marginal, dificulta el ordenamiento territorial y ambiental”. Más allá de ello, expresó que la sorpresa positiva del estudio fue “ver el grado de colaboración de las comunidades afectadas”.
Los hechos no mienten
Los daños se han presentado prácticamente desde la fundación de la Provincia y son inherentes a ella por sus características climáticas, hidrológicas y geológicas.
Debido a crecidas de ríos, lluvias torrenciales y otros factores, se registraron fuertes aluviones en reiteradas ocasiones. Algunos de los años en que se presentaron fueron: 1716, 1754, 1895, 1900, 1920, 1934, 1954, 1956, 1957, 1959, 1968, 1970, 2007.
El de 1970 destruyó el dique Frías, produjo 24 víctimas fatales y de 1500 a 2000 accidentados, mientras que en el de 1934, originado en Cacheuta, murieron 24 personas.
El mencionado investigador explicó que “el sistema de damero sobre el que se construyó la ciudad capital cortó los cauces naturales, que no encuentran, en épocas de lluvias extraordinarias, los sistemas hídricos de fluencia”.
Y si se habla de problemas, los sismos también dicen presente. Mendoza, junto con San Juan, son dos de las zonas más propensas a sufrir los efectos de un terremoto de gran intensidad en Argentina: poseen alrededor del 80% de las estructuras productoras de sismos destructivos en el país. 1782, 1861, 1903, 1917, 1920, 1927, 1929, 1985 y 2006 son algunos de los años en que se ocasionaron los mayores daños.
El que nunca podrá olvidarse es el de 1861, que destruyó casi toda la ciudad y ocasionó la muerte de alrededor de 5.000 personas, casi la mitad de los habitantes capitalinos de aquella época.
Del estudio a la acción
Cisneros se refirió a las acciones fundamentales que deberían desarrollarse antes y después de estos eventos catastróficos que, como no pueden predecirse, debería apuntarse a disminuir la vulnerabilidad social a través de pronósticos lo más certeros posibles, concientización y respuesta temprana ante la emergencia.
“Nosotros apoyamos nuestros proyectos en dos acciones: la identificación de estructuras geológicas para determinar potenciales peligros y la reducción de la vulnerabilidad a partir de acciones de educación y comunicación ambiental”, destacó.
> Leer también: Análisis de las inundaciones urbanas en el NOA.
Si hay una premisa básica en esta situación es que se necesita del trabajo conjunto del sector público, organizaciones no gubernamentales y comunales, municipios y uniones vecinales. Eso ya está en marcha y sus resultados están siendo positivos.