El trabajo es realizado por la arquitecta María José Kiszka de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Se trata de un apéndice de otra investigación que analiza los instrumentos para la gestión local de una política habitacional integral adecuada a las condiciones de la población en situación de pobreza en el Gran Resistencia, que tiene como responsable al doctor Miguel Ángel Barreto.
> Leer también: Interacción de la vicuña con el ganado doméstico en Catamarca.
El problema del asentamiento de estas comunidades en suelo urbano se origina por el avance de la frontera agrícola, que limita la posibilidad de supervivencia de miles de familias indígenas en su propio hábitat en el interior de la provincia del Chaco, por lo que han migrado a los centros urbanos asentándose en espacios que no cuentan con la infraestructura y equipamiento necesarios. En este sentido hay que tener en cuenta el grado de alienación que produce en estas comunidades aborígenes, adaptadas a otra forma de vida, propia de su cultura, el ser reubicadas en condiciones desfavorables y de segregación.
En la actualidad se puede observar a cuartas y quintas generaciones de familias y nuevos grupos migratorios que se ubican básicamente en tres núcleos conocidos como los barrios Toba, Mapic y Cacique Pelayo en los márgenes del Gran Resistencia. En ellos hay un factor común: las austeras características del medio físico y el crecimiento de la población que va generando nuevos asentamientos.
“Desde allí gestionan todo tipo de recursos a través de distintas organizaciones de carácter político y religioso, obteniendo en estas prácticas resultados parciales a las demandas” señaló a Argentina Investiga la arquitecta Kiszka.
De acuerdo a lo observado por la investigadora, las soluciones habitacionales para estas comunidades se reducen a “enclaves cerrados que no sólo no propenden a la integración de éstos actores sociales, sino que por el contrario, han profundizado su condición de segregación”.
Uno de los análisis más contundentes aportados por la investigadora hace referencia a que las políticas habitacionales no consideraron las particularidades socioculturales de esta población. Al respecto, la arquitecta Kiszka señaló que el Estado no tuvo en cuenta “la caracterización del proceso de construcción del hábitat”.
“Esto se desprende de un primer análisis comparativo entre las respuestas particulares que abordan las familias de manera individual; la respuesta colectiva e impersonal que da el Estado y las adaptaciones que debe realizar cada familia para optimizar las prácticas del Estado que, en ocasiones, tiende a mejorar ciertas condiciones, y en otras genera conflictos a resolver.
La información de base de la investigación fue recopilada por observación directa y entrevistas en los barrios Mapic (2005-2006), Chelliyi (2010) y Toba (2011). Asimismo, Kiszka colaboró en experiencias de diseño participativo de prototipo de viviendas y el seguimiento de la reciente implementación de la primera Escuela de gestión indígena, experiencias que han permitido contrastar la información obtenida, en las distintas prácticas de manera dialéctica.
Respecto de las previsiones a tener en cuenta al momento de elaborar intervenciones habitacionales, la investigadora considera que hay que tener en cuenta que “estas comunidades han atravesado un proceso de migración, readaptación y construcción del hábitat”.
> Leer también: Analizan cambios urbanos de Comodoro Rivadavia.
“En una sociedad tan distinta como adversa a la del origen, nos permitirá elaborar previsiones sobre otros grupos que atraviesan fenómenos similares y poder abordar de manera más programática y racional las propuestas de intervención en todas las dimensiones que hacen al hábitat”.