El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses –principalmente la antropología y la arqueología– a la investigación, con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, y desde entonces trabaja en más de 30 países. Su misión es recuperar e identificar los restos de las víctimas, restituirlos a sus familiares y brindar a la justicia los resultados del trabajo forense. Con la información que aportan, contribuyen a la búsqueda de la verdad y la justicia, a la reparación y a la prevención de esas violaciones.
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Nóbile, docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, forma parte de este equipo desde el año 2004 cuando empezaron los trabajos de excavación en el cementerio de San Lorenzo, la ciudad donde vive. Allí realizaron las búsquedas de NN que se presumían eran víctimas del terrorismo de Estado y se logró identificar a tres personas: Alberto Losada, Pablo Sandoval y Horacio O’Kelly.
Nóbile explicó a Argentina Investiga que el equipo tiene dos objetivos fundamentales: el primero es humanitario, identificar personas desaparecidas para que sus familiares tengan la posibilidad de saber lo que pasó y hacer el duelo, algo central en todas las culturas del mundo como parte del ritual de la muerte. Por otra parte, aportar desde la ciencia como peritos de la justicia, ya que tienen la obligación de declarar en los juicios por delitos de lesa humanidad.
El camino hacia la identidad
El trabajo del equipo consiste en relacionar los restos óseos con identidades de personas desaparecidas y para lograrlo deben transitar tres etapas.
La primera es la investigación preliminar y consiste en tener un universo preciso sobre los datos de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Eso se logra a partir de entrevistas con los familiares para saber las características físicas, la edad en la que desapareció y todo lo vinculado a su militancia. En esta instancia también se generan hipótesis sobre la sistemática de la desaparición para saber por dónde empezar a buscar.
Cuando muchos represores son acusados por delitos de lesa humanidad argumentan que, en realidad, fueron combates, enfrentamientos, excesos. “Nosotros tratamos de demostrar científicamente, a través de la bioantropología, que no fueron enfrentamientos, que fueron ejecuciones y que no fueron hechos aislados sino planes sistemáticos de acción que requirieron estructuras materiales para llevarlos a cabo”, sostiene el antropólogo.
En general, después de que una persona era secuestrada por las fuerzas de seguridad, se la llevaba a uno o varios de los más de 300 centros de detención ilegal que operaban en ese momento en la Argentina. Allí, era torturada y en muchos casos asesinada. Algunas víctimas fueron sedadas y arrojadas al mar desde aviones. Otras fueron ejecutadas y enterradas en tumbas anónimas en las áreas libres de los cementerios municipales. Allí el equipo también debe investigar, analizar documentos, entrevistar a directivos y sepultureros para poder vincular la información. Todas estas hipótesis guían las posibles excavaciones.
La segunda etapa es la arqueológica, en la que los investigadores se preguntan ¿dónde buscamos? Los cementerios y los centros clandestinos se convirtieron en los principales sitios de excavación pero con métodos no intrusivos en una primera instancia. Es decir, a través del análisis de fotografías aéreas satelitales, radares y lecturas del terreno acerca de cómo era ese espacio en el momento en que sucedieron los hechos y compararlo con la actualidad. Recién después comienza la etapa de excavación propiamente dicha con las técnicas tradicionales de la arqueología, aplicadas a este contexto, que tienen por objeto recuperar los restos esqueletales, sistemáticamente, de forma ordenada, así como los elementos asociados tales como vestimenta, proyectiles y armas de fuego.
La tercera etapa es la de laboratorio y consiste en aplicar todas las técnicas y las fórmulas de la antropología biológica para analizar esos restos y poder estimar el sexo, la estatura, la edad en la que falleció, las heridas perimortem (asociadas con la manera de muerte), las patologías o fracturas que haya tenido en vida, los partos y también las características generales del estilo de vida de esa persona. Con todos esos datos, los investigadores comienzan a vincular la información para generar hipótesis de identidad.
Cabe destacar que hace doce años comenzó a implementarse una última etapa, que es la genética. En un trabajo de laboratorio se toma una muestra equeletal que permita extraer el ADN y se la compara con el banco de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas que existe a nivel nacional. En el caso de que las relaciones genéticas den positivo, hay una identidad. A partir de ahí se informa al juzgado y a los familiares para la restitución de los restos.
Esta tecnología forma parte de la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas, a través de la cual se generó un banco genético total de sangre de los familiares de desaparecidos, lo que permitió una mayor celeridad y que se triplicara el número de identificaciones. Hasta el día de hoy, el equipo pudo recuperar 1300 cuerpos e identificar a 850 personas desaparecidas.
Un principio fundamental de los profesionales es respetar profundamente los deseos de los familiares de las víctimas y de las comunidades en lo concerniente a la investigación y trabajar de una forma muy cercana a ellos durante todos los pasos de la exhumación y el proceso de identificación. Teniendo en cuenta las experiencias, observaron que la identificación de los restos es una fuente de consuelo para las familias que sufrieron el trauma causado por tener a un ser querido desaparecido.
Desapariciones en democracia
Si bien continúan trabajando sobre las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, en los últimos años empezaron a intervenir en desapariciones recientes “de la democracia”, especialmente cuando hay personal de las fuerzas de seguridad involucrado ya sea por acción u omisión. Por ejemplo, los casos de Luciano Arruga, Daniel Solano y Paula Perassi.
Asimismo están abocados a la búsqueda de fosas de víctimas de masacres de pueblos originarios que fueron considerados delitos de lesa humanidad. En el año 2019 empezaron a trabajar en la de Napalpí que tuvo lugar en el año 1924 en la provincia del Chaco y también en la masacre de Rincón Bomba, perpetrada en 1947 en Formosa.
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En la actualidad el equipo está formado por 70 investigadores que se especializan en arqueología, antropología física, antropología social, computación y derecho para llevar a cabo las misiones en distintos países, con proyectos vinculados a conflictos políticos, étnicos, religiosos, que dejaron gran cantidad de personas muertas y desaparecidas.