Universidad Nacional de Villa María - Instituto de Ciencias Sociales

28 de Marzo de 2016 | 5 ′ 55 ′′


Políticas de sexualidad, investigan la temática y su incidencia en Villa María



El trabajo analiza los avances en el marco normativo nacional de las últimas décadas. Según los investigadores, la aprobación de “leyes democratizadoras” en la materia “legitimó prácticas socio-sexuales y hará que, con el paso del tiempo, lo que parecía una práctica prohibida esté legitimada”. Resaltaron que los logros residen en que se pasó de orientar las políticas relacionadas a la homosexualidad con una enfermedad a otorgar derechos para que los ciudadanos puedan desarrollarse.

La inclusión-exclusión del activismo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) obtuvo un mayor protagonismo durante las últimas décadas en Argentina. Esta tendencia estuvo acompañada de una progresiva incorporación de potestades por parte del colectivo, sobre todo en lo que respecta a la salud y los derechos ciudadanos a partir de la intervención del Estado. Esos cambios se pusieron de manifiesto en la sanción de un campo normativo que tuvo su punto de mayor influencia con la promulgación del Código Civil de la Nación.

Ante ese marco, la tesista en sociología, Agostina Arzeno, se abocó a analizar los cambios acontecidos en el ámbito de las políticas de la sexualidad durante los últimos diez años y el impacto en la vida de mujeres trans de Villa María, temáticas que se insertan en la investigación “Las políticas de la sexualidad. Una década de cambios en Argentina”, que forma parte de los proyectos institucionales financiados por el Instituto de Investigación y es dirigida por la doctora Raquel Drovetta.

Los primeros atisbos de organización de estas luchas surgieron en 1967 con el movimiento Nuestro Mundo, conformado por personas que trabajaban en el Correo Central y no tenían contacto con el público. En el año 1971 se fundó el Frente de Liberación Homosexual (FLH), conformado por un conjunto de grupos que se encargaban de concientizar sobre las diversidades sexuales y de género. Este grupo se diluyó luego del golpe de Estado de 1976. Con el retorno de la democracia, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), dirigida por Carlos Jáuregui, tenía como primer reclamo hacer frente a la violencia policial. A partir de esos años comenzó un proceso continuo de inclusión, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, como la igualdad civil y conyugalidad.

“En cuanto a las políticas sexuales, el análisis lo comienzo en los años noventa, que es cuando empiezan a tenerse en cuenta, cuando el Estado trabaja la problemática del SIDA y se realizan una serie de campañas de prevención, obligando la cobertura de tratamientos de HIV-SIDA a obras sociales y prepagas, y preservando la identidad”, explicó Arzeno a Argentina Investiga.

En la década siguiente destacó la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como un cambio importante, al igual que la promulgación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), y la obligatoriedad de su incorporación en la currícula de las escuelas para promover una “concepción integral de la sexualidad, no reducida a lo genital y con una perspectiva de derecho”. Sin embargo, respecto de este tema, la investigadora advirtió que “se confundió sexualidad responsable con regulación”. Otro aporte, más cercano en el tiempo, fue el nuevo Código Civil, que contempló el matrimonio igualitario y la incorporación de la responsabilidad parental que “rompió con los modelos de familia tradicional y se legitimó la práctica de otros tipos de familia”. En la misma línea mencionó a la ley de Identidad de Género para la transexualidad y la fertilización asistida sin discriminar por sexo, edad o identidad.

Por otra parte, Arzeno recodó que el LGBT fue históricamente vulnerable ya que “por su orientación sexual o identidad de género, al construirse fuera de la heteronormalidad, fueron perseguidas/os, discriminadas/os, aisladas/os y excluidas/os, no gozaron en su vida de igualdad de oportunidades, y lo que implica esto en el desarrollo, la cotidianeidad al ser rechazadas/os por sus familias”. Ante ello, el hecho de que en la actualidad haya una ley de Matrimonio Igualitario “muestra un avance en la inclusión y la igualdad que los ampara, y pasan a ocupar un espacio en la sociedad que ya deja de cuestionarlo en forma negativa y disminuye el grado de repudio hacia estas diversidades”.

Según la investigadora, desde una perspectiva deconstruccionista, la LGBT “desordena el mundo de los géneros y los sexos, y abre otras posibilidades identitarias” que no estaban predefinidas, “considerando al sexo como lo biológico y el género aquello que implica la construcción social”. En ese contexto afirmó: “El hecho de que se lleven adelante políticas públicas genera que se legitimen prácticas socio-sexuales y, con el paso del tiempo, lo que parecía una práctica prohibida esté legitimada”.

Con relación a la situación en Villa María, la investigación reconoció la presencia del Movimiento Popular por la Igualdad (MPI). “Tuvieron el apoyo de la Municipalidad y al modificarse el contexto nacional eso repercutió en actividades variadas. También, la dirección de Derechos Humanos trabajó en forma conjunta con el MPI y articuló con el Estado local acciones para promover y ayudar a solucionar problemáticas trans y que muchas mujeres dejaran el trabajo sexual y accedieran a capacitaciones laborales, becas de estudio, entre otros apoyos”, agregó.

En el recorrido analizado, la tesista identificó que con la sanción de nuevas normativas se pasó de orientar las políticas relacionadas a la homosexualidad con una enfermedad a otorgar derechos para que los ciudadanos puedan desarrollarse.



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