La imagen forma parte de un proyecto audiovisual vinculado a una tesis doctoral de la UNC sobre prostitución e industria del sexo en Latinoamérica.
Aunque para la ley argentina el ejercicio “autónomo” de la prostitucion no es ilegal, tampoco está reconocido por el derecho laboral nacional, y quienes la ejercen no pueden reclamar por las condiciones en las que desempeñan esta actividad. Y sin embargo, reconocerla legalmente implicaría contradecir tratados internacionales que establecen que la prostitución es una trasgresión a los derechos humanos básicos (Cedaw, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de la ONU, y Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, entre otros).
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La mayoría de las personas que ejercen la prostitución pertenecen a un grupo social vulnerable integrado principalmente por mujeres pobres, con sexualidades desjerarquizadas socialmente, o inmigrantes de países pobres, a quienes la pandemia afectó fuertemente. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU/SIDA, 2020), la crisis del COVID-19 tuvo efectos devastadores para estas personas en el país y en el mundo, debido a la imposibilidad de ejercer la actividad y a la falta de acceso a la salud (principalmente, consultorios amigables y medicamentos para enfermedades de transmisión sexual).
Una tesis realizada en el marco de un Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aborda la protitución y la industria del sexo desde un enfoque decolonial y comunitario, aportando reflexiones y propuestas basadas en las propias realidades latinoamericanas.
El estudio se inscribe en una tercera posición, la de los feminismos decoloniales, y propone algunas alternativas tendientes a superar la división histórica entre posiciones abolicionistas, que consideran a la prostitución como un tipo de trabajo esclavo, sexualizado y feminizado, y por lo tanto, una forma de violencia hacia las mujeres y diversidades; y las posiciones regulacionistas, que abogan por su legalización y reconocimiento como trabajo.
“Para el feminismo de la decolonialidad y latinoamericano, el trabajo sexual explicita algo que es parte de nuestra configuración histórica. Y es que en todo tiempo y espacio hubo acceso irrestricto al cuerpo de las mujeres, marcado a fuego desde la colonia hasta el presente. El trabajo sexual para nuestra América significa además la conquista de los territorios, la colonización y el racismo”, explica Gabriela Artazo, autora del estudio y docente e investigadora posdoctoral del Conicet especializada en feminismos decoloniales.
De acuerdo a la especialista, el feminismo decolonial no se opone necesariamente al reconocimiento del trabajo sexual, pero corre el eje de análisis. Propone antes garantizar el acceso a diversas prestaciones sociales básicas desde el Estado, que están afincadas en la perspectiva de los derechos humanos, como el derecho a una vida digna, la salud, la vivienda y la educación. “El objetivo es garantizar protecciones mínimas para que las personas puedan decidir si quieren realizar esa actividad, asegurando ciertas condiciones para ello”, explica la especialista a Argentina Investiga.
La propuesta parte del diagnóstico de la feminización de la pobreza como parte insoslayable de la realidad latinoamericana, una de las regiones más desiguales del mundo. Allí, el 80% de las mujeres e identidades feminizadas son trabajadoras domésticas, con escasa paga y seguridad social. A nivel mundial, el 70% de las personas pobres son mujeres (ONU Mujeres). En la Argentina, la feminización de la pobreza está registrada en los informes del INDEC: más de 7 de cada 10 personas del grupo poblacional con menores ingresos son mujeres.
Artazo señala que estas condiciones estructurantes de vulnerabilidad habilitan, para los feminismos decoloniales, el reclamo por el derecho a la asistencia. “La extrema precariedad de las condiciones de vida de las mujeres y corporalidades feminizadas en Latinoamérica hacen que nuestra vida esté ligada a la asistencia estatal como una necesidad”, plantea.
Múltiples capas de opresión que se cruzan
Para desarrollar la tesis se entrevistaron a 30 mujeres e identidades feminizadas que incluyen a personas en situación de prostitución, que se autoperciben como trabajadoras sexuales, y activistas regulacionistas y abolicionistas, entre otras categorías. La totalidad se autorreconocía como “trabajadora sexual autónoma” y coincidía en la necesidad urgente de acceso a mejores condiciones de vida.
En el grupo entrevistado, se diferencia entre quienes ejercen la prostitución a la vera de la ruta y la calle en condiciones de gran vulnerabilidad. En este caso, la mayor parte de los ingresos estaban dirigidos a garantizar gastos de cuidado y sobrevivencia de su familia extensa, a la que le dejaban sus hijas e hijos, o de otras familias, debido al tipo de actividad que desarrollan. Distintos son los capitales y recursos económicos, culturales y simbólicos (como títulos académicos) que les permiten a otro grupo de mujeres y diversidades llevar a cabo esta actividad sin exponerse de manera extrema, así como la posibilidad de realizar otro tipo de actividad distinta a la prostitución (trabajadoras autónomas o escort). Aunque en mejores condiciones, en este segundo grupo lo ganado iba destinado a suplir la canasta básica. “Pero como cuentan con otros capitales e ingresos, la urgencia en la atención no es la misma que quienes están a la vera de la ruta”, explica la especialista.
El estudio destaca la importancia del enfoque interseccional en el abordaje de este tema, referido a las múltiples opresiones que se acumulan (tales como la etnia, la clase social, el territorio y el género, entre otras) y potencian la marginación social de este grupo. Pero además, en el contexto latinoameriano, esa interseccionalidad debe ser leída en el marco del proceso histórico y político de la colonia. “No es lo mismo una persona que ejerce el trabajo sexual en Córdoba, Argentina, que quien lo hace en un país europeo. Esa diferenciación en cuanto a la posición geopolítica e histórica de esas corporalidades añade un plus de vulnerabilidad, vinculado a nuestra historia colonial, que es patriarcal y fuertemente racista. Ese sesgo latinoamericano propende a que las estructuras del Estado excluyan a estas personas”, describe.
Aplicado al interior del grupo entrevistado, el enfoque interseccional permitió identificar las diferencias de clase, raza, género y generación. Así, aquellas mujeres e identidades diversas que poseen atributos racializados y que además no son jóvenes, no son leídas desde los cánones de belleza hegemónica y cobran menos dinero, precisando de más tiempo para atender a más clientes. Mientras que el grupo que cuenta con mayores bienes culturales y simbólicos “puede elegir, condicionar y limitar el accionar de sus clientes, manteniendo interacciones menos riesgosas y de mayor control”. Se pudo advertir que contar con determinados capitales es decisivo a la hora de acceder a ciertos beneficios dentro de la jerarquización sexual.
El análisis de Artazo aborda la industria del sexo como una práctica vinculada al mercado específico del sexo, en el cual se reproducen relaciones sociales asentadas en la herterosexualidad como régimen político. En esa industria, explica, “el cuerpo se transforma en una mercancía, y cuando lo que se vende es sexo, se buscan emular más aun los cánones de la belleza hegemónica. Conforme se envejece, el cuerpo se deprecia en el mercado del sexo, porque lo que cotiza es la juventud”.
Más políticas para revertir la vulnerabilidad
La legislación argentina diferencia entre una prostitución autónoma, no penalizada, y otra forzada, a la cual sí se reprime, y es la que está asociada a la trata, el proxenetismo (obtención de beneficios de la prostitución de otra persona o la coerción) y la prostitución infantil. Frente a ello, se ha señalado la dificultad de separar y diferenciar el circuito prostibulario por un lado, del circuito de la trata con fines de explotación sexual, por otro. Ambos circuitos suelen compartir el mismo mecanismo y también los consumidores, lo que demuestra, según el estudio, que “el mercado del sexo es uno, y está diseñado desde una lógica sexista, patriarcal, clasista y racista”.
Hasta ahora, los proyectos legislativos de regulación de la prostitución presentados en el país giran en torno a la figura del proxeneta, es decir, a quien facilita, recluta o promueve la prostitución para beneficio propio o de terceros. Se trata de una figura penalizada por el Código Penal (artículo 127), que ha mantenido dividida a las posiciones abolicionistas de las regulacionistas. “El problema es que si se llegara a regular legalmente la figura del facilitador en el circuito prostibulario, el cual es muy similar al circuito de la trata, entraría además en contradicción con la legislación internacional vigente en materia de derechos humanos”, apunta Artazo. En ese sentido, convenciones como la Cedaw (1979) y Belem de Pará (1994), ratificadas por nuestro país, marcan que “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de seres humanos para su prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana”.
La investigadora del Conicet argumenta en su tesis además que países como Alemania, donde está regulada la figura del proxeneta como patronal, no registraron mejoras sustantivas en la calidad de vida de quienes ejercen esta actividad. Ello, pese al importante impacto que, de acuerdo a la especialista, tuvo la industria del sexo para superar la crisis de la economía general de ese país y la eurozona en 2009. ¿Cuánto de ese crecimiento económico benefició a las trabajadoras sexuales? “Poco y nada –sostiene–. Aunque la mercantilización del cuerpo de las mujeres sirvió para sacar de la recesión a las economías poderosas, tal como señalan las abolicionistas europeas”.
Desde el enfoque del feminismo decolonial, el estudio plantea no intervernir en la regulación del proxeneta, sino antes avanzar en políticas públicas y en el reconocimiento de derechos tendientes a revertir las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas en situación de prostitución. En ese sentido, menciona que la principal disputa que se ha venido dando en el feminismo comunitario es desprivatizar las tareas del cuidado y reconocerlas como un trabajo, explicitando la significativa contribución de estas tareas al Producto Bruto Interno de los Países (PBI). “Las entrevistas muestran que la mayoría de quienes se emplean en el mercado del sexo, lo hacen a partir de las necesidades de reproducción social de su vida cotidiana. Con lo ganado solventan no solo sus gastos cotidianos, sino las necesidades de sus familias ampliadas, e hijos e hijas en general”. De este modo, asegura, las tareas de cuidado “son las que se solventan a partir del mercado del sexo, y es parte de lo que constituye la economía informal en la Argentina”.
Algunas de las principales alternativas planteadas en el estudio son la creación de un salario universal para personas que tengan a su cargo el cuidado de terceros, un sistema previsional específico para las personas en situación de prostitución, y políticas tendientes a responder a las demandas habitacionales, así como programas de salud especiales y subsidios educativos destinados a este colectivo.
Recursos utilizados para la realización de la nota
Tesis doctoral Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba: “Yo me voy a morir en una esquina: la industria del sexo desde una perspectiva feminista anticolonial y de caso”. Doctora Gabriela Cristina Artazo, Directora: doctora Gabriela Bard Wigdor.
La Prostitución, Derechos Humanos,¿de quién?. Dossier. Silvia Chejter
La interseccionalidad como instrumento analítico de interpelación en la violencia de género. Raquel Guzmán Ordaz y Maria Luisa Jiménez Gender. Oñati Socio Legal Series. 2015.
Diplomatura en Comunicación, Género y Derechos Humanos. Texto de clase Prácticas Comunicacionales módulo II: violencia de género, trata de personas para explotación sexual y prostitución.
El imaginario social que construyen los medios sobre la trata y la prostitución. Urvio. Revista Latinoamericana de estudios de seguridad. 2014.
Problemas en torno a la desigualdad. Un enfoque poliédrico. Esteban Llamosas y Guillermo Lariguet (editores), 2020, Conicet – UNC.
Notas
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El diagnóstico social se recoge de los informes elaborados por AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) y otras organizaciones que trabajan por el reconocimiento de las trabajadoras sexuales.