Universidad Nacional de General Sarmiento - Instituto del Conurbano

18 de Mayo de 2020 | 10 ′ 24 ′′




Un relevamiento de la UNGS a referentes barriales da a conocer en qué condiciones se desarrolla en los barrios populares del conurbano bonaerense el aislamiento social obligatorio. La discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, la dificultad de acceso a la alimentación básica y el agravamiento de la violencia machista son las problemáticas emergentes o agravadas durante la cuarentena.

Un equipo del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) presentó los resultados del segundo relevamiento realizado para conocer en qué condiciones se desarrolla en los barrios populares del conurbano bonaerense el aislamiento social obligatorio, establecido el 20 de marzo por el Gobierno Nacional ante la pandemia del COVID-19.

“El conurbano en la cuarentena II” analiza los resultados de 165 entrevistas realizadas colaborativamente con más de 30 investigadores, docentes, graduadas, graduados y estudiantes de la UNGS, entre el 22 y el 26 de abril, principalmente a referentes barriales de 20 de los 24 partidos del conurbano bonaerense y a municipios de la Región Metropolitana como Escobar, Pilar, General Rodríguez, Luján, Zárate, La Plata y San Vicente. De manera complementaria se entrevistó a referentes del campo de la salud en el territorio, de la economía social y solidaria y a dirigentes sindicales de distintos sectores de actividad.

En esta segunda fase del relevamiento, los y las referentes del conurbano dan cuenta de un conjunto de problemas emergentes o agravados durante el aislamiento social y obligatorio. Según los resultados publicados hay dos problemas íntimamente relacionados entre sí que constituyen el nudo común de gran parte de las entrevistas: la discontinuidad de ingresos laborales de los hogares, jerarquizada por el 40% de las y los entrevistados; y la dificultad de acceso a la alimentación básica, destacada en un 30% de las entrevistas.

En relación al primer punto, el informe presenta datos sobre el trabajo y la generación de ingresos en los hogares y en las unidades de la economía popular, social y solidaria. La discontinuidad de la actividad laboral de los autónomos y changuistas, a lo que se suma la suspensión del pago de salarios a los no registrados, dejó a gran parte de los hogares de estos barrios en una situación de ingresos laborales cero. Entre los asalariados no registrados, tiene especial impacto la situación de falta de pago a las trabajadoras en casas particulares.

A diferencia del relevamiento realizado en marzo y aún en el marco del alto nivel de informalidad de la periferia mencionado, en este operativo se destaca que más de la tercera parte de los referentes territoriales da cuenta de problemas laborales surgidos para el segmento de formales que la habitan: despidos, suspensiones sin goce de sueldo y recortes o suspensión de salarios.

En este contexto de discontinuidad de ingresos laborales, las dos estrategias de sobrevivencia de los hogares de los barrios periféricos dependen en última instancia casi exclusivamente de transferencias del Estado. Por un lado, la percepción de transferencias directas de ingresos: jubilaciones (con importancia de la jubilación de las amas de casa), Asignación Universal por Hijo; Tarjeta Alimentaria y el Ingreso Familiar de Emergencia; y en segunda instancia, la asistencia alimentaria a través de una multiplicidad de canales: ollas populares, comedores, viandas o bolsones de mercaderías. La mención a la asistencia alimentaria directa como la manera más relevante de ir paliando la falta de ingresos se hace presente en al menos la mitad de las entrevistas a referentes territoriales.

“Muchas familias vieron caer fuertemente sus ingresos en este mes de cuarentena, sobre todo los trabajadores por cuenta propia (incluye oficios y changueros) y los asalariados precarios, que representan en conjunto más de la mitad de la fuerza de trabajo en el Gran Buenos Aires, especialmente en los barrios periféricos. Toda esa gente necesitó asistencia, tanto en ingresos/subisidios, como en ayuda alimentaria. El Estado amplió la asistencia, y también las organizaciones comunitarias. Pero a pesar de todo, muchas veces no es suficiente”, explica a Argentina Investiga Gonzalo Vázquez, coordinador del relevamiento, junto a Verónica Maceira, ambos investigadores docentes del ICO.

En cuanto al impacto de la primera etapa de implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanzó a titulares de la AUH, casi el 70% de los referentes lo evaluó positiva o muy positivamente, mientras que cerca del 20% manifiesta que no será importante (por acotada en monto o cobertura). Entre los aspectos destacados se encuentra la pertinencia de la población recortada como objeto de la transferencia, señalando que la han cobrado vecinos “que realmente lo necesitan”. Las entrevistas reflejan que la IFE se usó fundamentalmente para la compra de alimentos, ya sea en comercios de proximidad, en supermercados y también, en pocos casos, en mayoristas (organizándose entre varios para de esta manera hacer rendir más la transferencia).

Respecto a la ayuda alimentaria, la mayoría coincide en que la asistencia estatal para sostener estas instancias aumentó significativamente y sigue creciendo, pero también en que la situación de restricción es tan grave que ese mayor aporte estatal no llega a ser suficiente. Los informantes comparan la pandemia con la crisis del 2001, y destacan la capacidad del Estado de vertebrar respuestas que “hacen que la gente no se muera de hambre esta vez”.

La problemática mencionada espontáneamente en tercer orden por las y los referentes es el agravamiento de la violencia machista al interior de los hogares. La violencia de género y los servicios de salud fueron además dos de los ejes sobre los que indagó el relevamiento. El documento recupera el testimonio de una referente barrial: “Para las mujeres parece mayor el riesgo a la violencia del encierro que al contagio del coronavirus”. Más del 40% de los y las entrevistadas informa que conocen casos de violencia de género durante la cuarentena en sus propios barrios o barrios vecinos, cerca de otro 20% enfatiza que es un problema de su barrio aun cuando no tengan para informar casos en este período, y un 40% informa que no conoce si se han producido este tipo de hechos en su ámbito de actuación.

“Los hechos conocidos son de distinto tipo e involucraron daños de distinta intensidad, tienen como víctimas a las mujeres y a las personas trans adultas pero también a niños y niñas, y llegan al femicidio, en dos asesinatos registrados en José C Paz y Moreno”, destaca el informe. Los referentes consideran además que se agravó especialmente la violencia psicológica y económica hacia las mujeres y también la violencia hacia niñas y niños.

Sobre el acceso a los servicios de salud y la situación de salud en los barrios, las principales preocupaciones manifestadas fueron las restricciones para realizar controles de salud o por enfermedades no relacionadas con el COVID-19. También por el agravamiento de algunos problemas de salud, particularmente las adicciones.

Dos temas merecen en esta etapa una atención mayor que en la primera: uno relacionado con las tensiones y los conflictos entre los vecinos, y otro, la cuarentena de niños y niñas (entretenimiento, cuidado, problemas derivados de la continuidad pedagógica, entre los que se cuentan acceso a equipamiento e internet). Otros tópicos que durante la primera etapa tenían mayor centralidad, hoy se mencionan pero desplazados: la preocupación por los adultos mayores, la falta de cajeros en los barrios y la relación con las fuerzas de seguridad a cargo del control del aislamiento.

Sobre este último punto, el informe señala que cerca de un 40% de las y los referentes evalúa que la relación con las fuerzas de seguridad a cargo del control del cumplimiento de la cuarentena en el territorio fue buena y sin conflicto, otro 40% entiende que no hubo conflicto pero tampoco presencia policial y un 20% menciona hostigamiento de distinta intensidad por parte de las fuerzas de seguridad.

En cuanto al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que fue otro aspecto relevado, más del 45% de los referentes territoriales informa que hubo “un nivel alto de acatamiento”, cerca de 40% dijo que el aislamiento obligatorio se realiza de forma parcial y menos del 15% que el nivel de cumplimiento es bajo.

Este cumplimento parcial o bajo se debe, según el informe, a varias razones, entre ellas las malas condiciones de las viviendas que no permiten realizar el aislamiento obligatorio en su interior; la necesidad de movilizarse con asiduidad en busca de asistencia alimentaria y/o compra de alimentos en pequeña escala. También se registra un incremento en el último mes de la movilización para el cobro de transferencias de ingresos sociales y otros trámites; el movimiento vinculado a la mayor cantidad de actividades económicas exceptuadas en la segunda fase de la cuarentena; el aumento de la búsqueda de changas en las últimas semanas; y los y las adolescentes, jóvenes, niñas y niños, que salen a reunirse con sus pares o a jugar en la vereda durante el día.

“El informe presenta un análisis descriptivo, bastante pegado a las entrevistas realizadas. El valor de su aporte reside en permitir aproximarse a la evaluación de la situación de los barrios periféricos del conurbano desde la perspectiva de informantes que forman parte de esos territorios”, destacan los autores en el documento.

El relevamiento fue realizado a través de llamadas telefónicas y whatsapp por investigadores y docentes del Instituto del Conurbano, colegas de otros institutos y otras universidades, trabajadores no docentes, estudiantes y graduados y graduadas de la Universidad, en colaboración con organizaciones y redes territoriales.

El informe completo se puede leer en el siguiente link: https://www.ungs.edu.ar/new/segundo-informe-de-la-ungs-sobre-la-cuarentena-en-los-barrios-del-conurbano

Marcela Bello
mbello@campus.ungs.edu.ar
Brenda Liener
Comunicación Institucional y Prensa


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